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Juigalpa

Un total de 22 barrios del departamento de Chontales ya cuentan con defensoría social comunitaria, ente creado por el Ministerio Público con el objetivo de detectar problemáticas sociales para prevenirlas, al captar los casos que se presenten en su comunidad.

La licenciada Aurora Amador, fiscal departamental, señaló que cada comité de defensoría cuenta con cinco miembros, en su mayoría líderes comunales, a quienes se les dotó de herramientas jurídicas para que puedan orientar a cualquier víctima o afectado, dónde interponer una denuncia cuando sean objeto de violación de un derecho.

La fiscal señaló que los defensores comunitarios pueden interponer denuncia cuando una víctima, por ejemplo, de violencia intrafamiliar que no lo quiera hacer por temor, y con el código penal actual, por ejemplo, las medidas preventivas pueden ser solicitadas no necesariamente por un judicial o ente policial, sino la comunidad que esté viendo que esta familia está en peligro.

Casas de referencia

Para tal efecto el Ministerio Público ha creado casas de referencia, para que la población conozca que allí se encuentra un líder que pertenece a la defensoría social. Éste tiene el deber de orientarlos y acompañarlos en el caso que quede una denuncia o servir como mediador de un conflicto.

Este proyecto está siendo ejecutado con financiamientos del organismo Plan Nicaragua, quienes han proporcionado la cantidad de 600 mil córdobas para varios componentes que está trabajando el Ministerio Público y dentro de ellos la defensoría social comunitaria.

El primer paso fue seleccionar los barrios con mayor incidencia delictiva en el caso de Juigalpa, cabecera municipal, donde se está trabajando con seis barrios y han iniciado el proceso de capacitación de estos líderes comunitarios, para que éstos a su vez logren que más pobladores puedan tener acceso a la justicia.


Primeros resultados
La fiscal departamental destacó que ya estos miembros participaron en la validación del manual de defensoría social comunitaria, y son beligerantes en sus barrios porque ya están mediando en conflictos y llevando denuncia a la fiscalía.

Y además son miembros de la red chontaleña contra la violencia de género compuesto por varias instituciones, dentro de ellos los entes que trabajan en derechos humanos, los ministerios de Mi Familia, Salud, Educación, alcaldías, movimientos de mujeres, comisarías de la mujer, Poder Judicial y Ministerio Público.