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Un total de 150 ex trabajadores de la Empresa “Ricardo Morales Avilés” reclaman sus derechos relacionados con la concertación económica y social, gestada durante la ex Administración de Violeta Barrios de Chamorro.

Marcial Medina, asesor sindical de la asociación de ex trabajadores de la referida empresa, que funcionó en la década de los 80, durante el primer gobierno del Frente Sandinista, dijo que la “Ricardo Morales Avilés” fue fundada en 1980, y, en total, tenía 541 trabajadores con una Junta Directiva “malévola”.

“Conforme al decreto 109-91, dictado por el ex gobierno de Violeta de Chamorro, a los ex trabajadores se les otorga el 25 por ciento con derecho de acción de los beneficios del patrimonio de la empresa, y nos constituimos en una sociedad denominada Empresa Agroindustrial Sociedad Anónima, Eaisa”, expresó Medina.

Excluidos

Añadió que Ramón Andrés Tercero, Elías Alberto Jirón Baca y Mariano Esteban Vega Molina, sin la autorización de los socios se apropiaron de los beneficios de la sociedad, y no rinden cuentas de los ingresos y egresos. Según el asesor sindical, los referidos dividieron a los socios, excluyendo a 150.

“Ellos han usurpado los beneficios que legítimamente nos corresponden, estamos debidamente inscritos en el libro mercantil. Hemos enviado comunicación escrita al presidente Daniel Ortega, solicitándole que interceda por nosotros, los pobres, y oriente a las autoridades competentes para que a la mayor brevedad posible se nos restituyan nuestros derechos”, afirmó.

Dijo que han solicitado al Procurador General de la República, Hernán Estrada, que realice una investigación exhaustiva de todos los bienes que nos pertenecen. Lamentó que el mandatario y el procurador, no responden hasta ahora sus escritos.

17 años de retardación

Medina indicó que han interpuesto dos acciones judiciales en el juzgado de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, y desde hace 17 años no obtienen respuesta por las supuestas influencias de un miembro de la Junta Directiva.

“Es un juicio viciado y con retardación de justicia, por eso recurrimos a las instancias del Gobierno Central, para que restituya nuestros derechos, debido a que en los 80 fuimos trabajadores activos de la empresa”, señaló.

Dijo que los directivos tienen casas lujosas, vehículos y otros bienes, mientras los 150 ex trabajadores pasan miserias, por lo que urgen que el presidente Ortega los apoye.

Manifestó que los beneficios a los que tienen derecho pleno los 150 trabajadores son el alquiler de la Hacienda Toro Blanco, en el municipio de El Viejo, que fue pactado en un millón de dólares, los cuales deben ser repartidos equitativamente entre los 541 ex trabajadores.

“Los miembros de la cúpula se han repartido esos beneficios. Además, reclamamos ganancias de 300 cabezas de ganado, igual cantidad de cerdos de exportación, caballos de raza, trillos de arroz, las haciendas Santa Carlota, Llano Verde, La Reforma, Pringa Mosa, una desgranadora, una bodega de almacenaje de cuarto frío para preservar semillas, y varios tractores, entre otros bienes.

Supuesta liquidación

Noel Antonio Silva Ochoa, Presidente de la Junta Directiva de la asociación de ex trabajadores, dijo que los engañaron con mil 500 córdobas hace varios años, con el argumento de que esa era la liquidación, lo que resulta ridículo por la enorme cantidad de bienes.

Dijo que platicó con Ramón Altamirano, miembro de la Junta Directiva “malévola”, quien le aseguró que no tienen derechos y que si seguían reclamando, él tiene dinero para pagarle a abogados durante diez años.

Dagoberto Loáisiga, Secretario de la asociación, vive prácticamente en la miseria, cerca de la comunidad El Naranjo, en Chinandega. Es un ejemplo de la desgracia de los 150 ex trabajadores, cuyos beneficios --según los reclamantes-- son usurpados por los integrantes de una cúpula de dirigentes.