Francisco Mendoza S.
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Con la finalidad de conocer las condiciones en las que reciben clases los niños y niñas del municipio de Matagalpa, que es donde se concentra la mayor parte de la población estudiantil urbana, la delegación regional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, realizó fiscalización en diez centros escolares de la ciudad, considerados los más importantes.

El doctor Concepción Andino, procurador regional para los departamentos de Matagalpa y Jinotega, presentó los resultados de las fiscalización que se realizó desde el mes de julio y finalizó en agosto, ante los directores de estos centros de estudios y autoridades municipales como la Policía Nacional, el Ministerio de la Familia y el mismo Ministerio de Educación.

Entre los tópicos fiscalizados están techo, servicios higiénicos, agua potable, saneamiento y el acceso a los centros de estudios de las personas con capacidades diferentes, lo que fue una muestra para conocer el estado en que se encuentran los centros de enseñanza públicos, aseguró el procurador.

Entre los centros que fueron fiscalizado en Matagalpa están el Instituto Eliseo Picado, le escuela María Cerna Vega, el Centro Escolar Emmanuel Mongalo, escuela El Progreso, escuela Perfecta Pérez, escuela Sabadell, escuela Rubén Darío, escuela 11 de Septiembre, escuela Larreynaga y Escuela Monseñor Calderón y Padilla. A todas se les encontró deficiencia.

El procurador regional de derechos humanos dijo que encontraron muchas dificultades, unas por problemas presupuestarios y otras por negligencias de los funcionarios del Ministerio de Educación que dirigen los centros escolares.

Informe para el Ejecutivo

Dijo que en tres centros encontraron que han tenido modificaciones a la infraestructura, mientras que en los siete restantes aún no ha sido posible, esto, según los directores, porque no cuentan con un presupuesto para realizar las reparaciones en lo que respecta techos, cielos rasos, paredes, piso, servicios higiénicos, entre otros. La Procuraduría después de los hallazgos está realizando un informe que va a pasar al Poder Ejecutivo y Legislativo para que sea considerado y tomado en cuenta para formulación del presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2011, expresó.

En lo que respecta a los servicios higiénicos y agua potable, hay centros que no cuentan con ellos, pero no por parte de la empresa aguadora debido a que ésta facilita el agua a los diez centros fiscalizados, sino porque algunos grifos o llaves no tienen con las mariposas y los servicios higiénicos no cuentan con la palanca de descargue.

La Ley 202 establece que el Estado tiene la responsabilidad de crear acceso para las personas con discapacidad. En la investigación se encontró que ningún centro de los diez fiscalizados cuenta con infraestructura para el ingreso y desplazamiento de personas con discapacidad, por lo que la Procuraría está empeñada en que una de las principales leyes a cumplir sea la que elimine este problema.

Como parte de la fiscalización también se realizó una encuesta a cien estudiantes escogidos al azar, diez por cada centro de estudio, para conocer si hay maltrato hacia el estudiantado. No hubo resultados negativos para autoridades de los centros de estudios.

Principales resultados:

Se fiscalizaron 123 centros de estudios en 12 departamentos del país y encuestaron a mil 232 estudiantes. Los principales hallazgos en este departamento son que 27 centros no han tenido mantenimiento en años. El 70 por ciento carece de agua potable y servicios higiénicos.