Ingrid Duarte
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Las víctimas de Violencia Intrafamiliar y delitos sexuales de las zonas de Malacatoya en el municipio de Granada, La Conquista en Carazo o Las Flores en Masaya- por ejemplo- ya no tendrán que esperar la llegada de los médicos del Instituto Medicina Legal de las cabeceras departamentales para ser atendidos.

Gracias a un convenio firmado entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud  están capacitando y acreditando a médicos generales de centros y puestos de salud para que cumplan con el procedimiento que cualquier galeno del IML haría ante delitos de este tipo.

La decisión surgió de la preocupación de ambas entidades por llevar la medicina legal a todos los rincones del país, así lo manifestó el director del IML, Zacarías Duarte. “Es el seguimiento a una iniciativa que se generó en 2009 mediante una resolución firmada entre el Ministro de Salud y el magistrado presidente de la Corte Suprema , en la que creaban dos estructuras organizativas: la Comisión Nacional Médico Legal y las Comisiones Departamentales Médico Legales.

Cumplimiento a leyes

El propósito de éstas es darle cumplimiento a las leyes que rigen el ejercicio de la medicina legal y en particular a las funciones que como médicos forenses les corresponde desempeñar a los doctores del Minsa, sobre todo en lugares alejados”.

Desde que se firmó el convenio en enero de este año ya han capacitado a 150 médicos de 23 delegaciones del territorio nacional, con quienes esta semana están iniciando una fase de intercambio de experiencias. Este martes le tocó  el turno a los departamentos que conforman la Cuarta Región ; Rivas, Carazo, Masaya y Granada.    
En esta ocasión, el doctor Humberto Pulido, funcionario del IML, aprovechó  para recordarle a los médicos ad honorem del Minsa que no deben convertirse en peritos a favor de ninguna de las partes, no deben dar valoraciones personales, especulaciones o emitir criterios extrajudiciales. “Debemos exponer conclusiones basadas en exámenes con metodología científica”, dijo.   

Experiencias
En cuanto a su experiencia en estos nueve meses, el doctor Jorge Guillén, que atiende un centro de salud en la Isla de Ometepe se refirió a ciertos inconvenientes que ha tenido con miembros policiales de esa delegación, que han llegado a media noche a solicitarle dictámenes médicos. Su colega, Medardo Cruz Tapia, preguntó qué hacer cuando se presenten casos los fines de semana, cuando por cuestiones familiares él se traslada hacia el municipio de Jinotepe, Carazo.            
Participantes de otros departamentos plantearon aspectos como la falta de coordinación entre el Minsa y los operadores de justicia (Policía Nacional y Ministerio Público), lo mismo que la falta de insumos médicos para la toma y resguardo de evidencias forenses.   

Algunos datos
Los funcionarios del Instituto de Medicina Legal remarcaron su inquietud por la “epidemia” de violencia en el país. Datos de 2009 ubican a la violencia comunitaria (producida en las calles) como el principal mal de nuestra sociedad, revelaron que sólo en ese año atendieron a 23, 619 personas  por esta causa.

Le sigue la violencia intrafamiliar y sexual con 20, 135 víctimas atendidas, sin embargo explicaron que eso representa únicamente 10% que corresponde a personas que han tenido la valentía de denunciar el delito. Pero a causa del sub registro las autoridades creen que la cifra de víctimas pueden superar las 200 mil.