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Los usuarios del transporte selectivo de la ciudad Granada no son los únicos afectados por la crisis que mantiene enfrentados a los miembros de cuatro cooperativas con el alcalde Eulogio Mejía Marenco. Ayer por la mañana, pasajeros del transporte colectivo que intentaban entrar y salir del municipio, por la carretera a Nandaime, tuvieron que caminar largas distancias, debido a que unas 150 unidades de taxis fueron ubicadas para obstruir el paso vehicular.

La medida tomada por los taxistas pretende captar la atención de la Policía Nacional para que sancionen a aquellos cadetes que --de manera ilegal-- anden prestando el servicio, y a las autoridades edilicias para que se abstengan de emitir nuevos permisos, así lo manifestó el presidente de la cooperativa “La Gran Sultana”, Rigoberto González Cruz.

“La semana pasada empezó haciendo buen trabajo, porque sancionó administrativamente a varios ilegales, inclusive les aplicó boletas rojas por andar trabajando sin el debido permiso, sin embargo, ahora las cosas cambiaron, porque ya no está haciendo nada para evitar esta ilegalidad”, manifestó.

Los demandantes se están apoyando en una cédula judicial emitida por el Tribunal de Apelaciones de Granada (TAG), en la que los magistrados ratifican la no entrega de placas, permisos provisionales ni circulación de las alegadas concesiones otorgadas por el Concejo.

En relación con la molestia expresada por los usuarios que resultaron afectados con el cierre de la carretera, el líder señaló que el propósito no es causar atrasos ni inconformidad, sino reclamar el respeto a sus derechos.

Sobre la denuncia que anunció el alcalde por agresión y daños, respondió que “tenemos diez meses de estar en esta lucha y lo hemos hecho pacíficamente. Nosotros no dirigimos esa acción contra su casa, y además tengo entendido que la idea de los muchachos era hablar con el delegado de transporte de la alcaldía, Juan Carlos Bermúdez, nada más”, concluyó González Cruz.