•  |
  •  |
  • END

Las contradicciones entre la jueza del juzgado de Distrito Civil de Rivas, Jenny Chávez Zapata, y su suplente, Eva Leslie Navarrete Rodríguez, sobre un fallo en el que norteamericanos se disputan el nombre del depositario de un hotel de San Juan del Sur, ha salpicado en una corte del condado de San Mateo, de San Francisco, en los Estados Unidos, donde por esta propiedad se abrió también un proceso judicial en cuyo expediente se habla de la corrupción de los jueces rivenses y sobre sobornos.

Los extranjeros involucrados son el matrimonio integrado por Patricia Ann y John Kevin Casey, y Michael Frederick Lawler, quienes a inicios de 2006 conformaron una sociedad para invertir en proyectos turísticos, en San Juan del Sur, como la construcción del hotel “La Cascada”, pero dos años después surgieron diferencias y Lawler promovió en el juzgado de Distrito Civil de Rivas acciones de disolución y de liquidación de la sociedad, y cesación de la comunidad. El abogado de Lawler, Marlon Gazo, señaló que para garantizar la estabilidad de la propiedad mientras dure el proceso, solicitó un secuestro, en el que pidió dejar como depositario a su representado, y la juez Chávez accedió, pero su fallo fue revertido por su suplente Eva Leslie, quien aceptó un secuestro preventivo promovido por el matrimonio, y el 12 de octubre de 2010 dejó depositaria del hotel a Patricia Casey, pero el 15 de diciembre la jueza Chávez dejó sin efecto lo actuado por su suplente, y volvió a dejar como depositario a Lawler, aunque el fallo aún no ha sido ejecutado, por lo que Patricia Casey teme ser desalojada.

Apelan a Ley 128

En la Corte de San Mateo, del estado de California, Lawler abrió otro proceso por fraude, estafa y violación de ley de prácticas corruptas en el extranjero “Ley 28”, de los Estados Unidos, y en la cual se menciona la corrupción judicial de tres jueces de Rivas, que imparten justicia por la vía civil.

La demanda es por 750 mil dólares, e ingresó el 19 de octubre de 2010. En el expediente, Lawler alega que sus socios le ocultaron información, y que invirtió 315 mil dólares, pero asegura que las utilidades sólo favorecían a sus socios. Según Casey, tal versión es falsa, y aseguró que Lawler sólo participó en la compra del terreno, donde aportó 20 mil dólares.

En el punto 7 de la demanda, Lawler revela que en el proceso judicial que promueve en Rivas se ha sobornado a tres jueces para que emitan fallos ilegales, y aunque no detalla nombres, menciona a un juez sustituto, un juez de una corte menor, en la cual se refiere a una jueza del juzgado local de San Juan del Sur, y la participación de un tercer juez.

La Corte de San Mateo dará su veredicto el 3 de febrero, y según Patricia Casey, junto a su marido, estará presente, “porque vamos a demostrar que tenemos la razón, y que el proceso, en los Estados Unidos no tiene cabida”, ya que la sociedad de hecho que se creó en 2006 entre los Casey y los Lawler fue en Nicaragua, y se disolvió en 2009 porque era por tres años, y la inversión es también en Nicaragua, nada tiene que verse en Estados Unidos”, señaló el abogado defensor del matrimonio Casey.