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  • AFP

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, imputado por un presunto delito fiscal en el fichaje del brasileño Neymar, vinculó los problemas judiciales del club al apoyo al proceso de independencia emprendido en la región española de Cataluña.

"Estoy convencido de que hay ciertos poderes del Estado a quien no les ha gustado que Neymar haya venido al Barça o que el Barça, como club catalán y catalanista, haya participado en ciertos actos", afirmó Bartomeu en una entrevista el martes por la noche en la televisión regional 8tv.

Vinculado históricamente al nacionalismo catalán, en los últimos años el Barcelona cedió su estadio para celebrar un concierto por la independencia, puso en su segunda equipación los colores de la bandera catalana y varios de sus jugadores y directivos participaron en protestas secesionistas.

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"Esto no ha gustado y se ha vuelto en contra nuestra. Hay factura política", dijo el presidente, que reivindicó por enésima vez que "el Barcelona no ha hecho nada malo".

El presidente, que poco después de asumir el cargo en enero de 2014 decidió ingresar 13,5 millones de euros a Hacienda para regularizar la situación del club, fue imputado el martes por no tributar presuntamente 2,845 millones de euros de impuestos correspondientes a un pago de 5 millones hecho al brasileño hace un año.

"Esto es exagerado y desmesurado", alegó Bartomeu en la entrevista, apuntando a una conspiración contra el Barça por su posicionamiento a favor de un referéndum independentista en Cataluña o porque Neymar rechazó ofertas mejores para vestir de azulgrana, en una referencia implícita al Real Madrid.

El fichaje del astro brasileño Neymar en mayo de 2013 se volvió un quebradero de cabeza para la institución, a quien la fiscalía acusa de haber ocultado su precio real en diferentes partidas para evitar la tributación a Hacienda.

El club cifró en 57 millones de euros el precio del traspaso pero la fiscalía lo eleva a 86,2 millones que, sumados a los 12 millones que el club habría dejado de tributar, subirían el coste de la operación a 94,9 millones de euros.

Por ello, la fiscalía reclama al juez encargado del caso juzgar al club y a su expresidente, Sandro Rosell, dimitido a raíz del escándalo, por dos delitos fiscales y un delito societario en el caso del exdirigente.