Gustavo Álvarez
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Millonarias pérdidas económicas y hasta el traslado de operaciones de un gran número de empresas a otros países es el panorama que describieron ayer representantes de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Cadin, si se llega a implementar el decreto presidencial 10-2008, denominado “Cobro para promover la sostenibilidad de Reservas de Aguas”.

En conferencia de prensa, los directivos de Cadin consideraron inconstitucional dicho decreto, porque pasa por encima de la Ley General de Aguas Nacionales, por lo cual ejecutarán las acciones legales contra el mismo.

Mario Amador, Presidente de Cadin, destacó la importancia del sector industrial para la economía nicaragüense, que aporta más de 500 millones de dólares al año, pero que se vería seriamente golpeado si se llegara a implementar el decreto en mención.

El presidente Daniel Ortega mandó a publicar el decreto en el diario oficial La Gaceta, el cual establece una tarifa de 12 córdobas por cada un mil litros que sean bombeados en los pozos privados de las empresas.

El presidente de Cadin dijo que más de 170 empresas industriales serán afectadas con el nuevo cobro, y que en general representará entre seis y 12 millones de córdobas adicionales en incremento de costos para cada una.

Agregó que entre las más perjudicadas están las del sector de alimentos y bebidas, porque para una embotelladora representará 12 millones de córdobas adicionales al año en costos de operación.

En el caso de los arroceros, que consumen grandes cantidades de agua para producir el grano, tendrán que tomar la decisión de dejar de sembrar o elevar el precio del producto a niveles inconcebibles, porque por cada manzana del cultivo, sus costos se incrementarán entre mil y 2 mil córdobas, explicó.

Amador aseguró que los empresarios tendrán que trasladar el aumento en los costos a los consumidores, o trasladar los negocios a otros países, donde no se implementa este tipo de cobros.

Entre los ejemplos también mencionó que para un matadero que exporta carne a varios países, el nuevo cobro significará 30 mil dólares mensuales adicionales a sus cotos.

El representante de los industriales dijo que la medida va en contra de las acciones que está llevando a cabo el gobierno para tratar de frenar la espiral inflacionaria, que el año pasado cerró con la segunda tasa más alta de Latinoamérica, y este año parece enrumbarse a un nivel parecido.


Cobro apegado a ley
Amador señaló que están de acuerdo en que exista un canon por el uso y aprovechamiento del agua, pero que debe ser cobrado según lo que establece la Ley General de Aguas, legislación que manda a crear la Autoridad Nacional del Agua, ANA, como órgano encargado de la gestión, manejo y administración de los recursos hídricos, pero que no está aún en funcionamiento.

Explicó, además, que dicha instancia es la única facultada para administrar los recursos hídricos, y ninguna otra institución puede arrogarse las facultades que tiene ANA.

Por tal razón, los directivos de Cadin consideran inconstitucional dicho decreto, además de que afecta seriamente el clima de negocios, tan necesario para el desarrollo de Nicaragua.