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Representantes de dos organizaciones de productores denunciaron un incremento en las tomas de tierra, lo que según ellos significa que están viviendo un nuevo período de confiscación, porque detrás de estas acciones están instituciones de gobierno como la Intendencia de la Propiedad y la Procuraduría de la República, afectando a más de 300 fincas a nivel nacional, que suman unas 30 mil manzanas.

Según la denuncia interpuesta ayer en la sede de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, y la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Faganic, los quejosos dijeron que se trata de mafias bien organizadas que operan con sus respectivas fuerzas de choque, en caso de que los legítimos dueños pongan resistencia para abandonar las tierras.

Leonel Agurcia, representante de la Asociación de Productores de Leche, Aproleche, explicó que los planes de confiscación se dan con dos tipos de propiedades: las que han estado con deudas en el Banco Central de Nicaragua, BCN, y otras que nunca han tenido ningún problema, pero que les gustan a quienes dirigen las acciones porque están en las mejores zonas.

Dijo que la Procuraduría de la República está desconociendo las cancelaciones que los productores hicieron en los gobiernos anteriores, y están enviando gente a tomarse las fincas para presionar para que las entreguen.

Agurcia manifestó que los tomatierras se identifican como desmovilizados de la Resistencia, del Ejército o del desaparecido Ministerio del Interior, pero que en realidad son gente que han recibido propiedades y las han vendido.

Denunció que las bandas de tomatierras están destruyendo las plantaciones, robando las cosechas y el ganado, dañando maquinaria; están despalando indiscriminadamente y en algunas fincas hasta se han puesto a hacer carbón con los árboles derribados.

El productor señaló que las acciones para quedarse con sus propiedades es similar a lo que está enfrentando el grupo Barceló con el centro turístico Montelimar, y la situación que enfrentó la Esso para quitarle los tanques de almacenamiento de Corinto.

Añadió que los robatierras primero se fijan en el Registro de la Propiedad cuáles fincas han tenido deudas con el Banco Central de Nicaragua, y posteriormente deciden tomárselas con la supuesta autorización de la Procuraduría.

Agurcia aseguró que casi todas las deudas han sido pagadas, y en el caso de algunos productores que tenían algún saldo pendiente, no les han querido recibir el pago final y ahora les quieren quitar las propiedades.

Juan Miguel Rivera fue otro productor que expuso su situación personal, aclarando que por una deuda que tenía con el Estado entregó una finca de 400 manzanas, pero que ahora no aceptan el pago y le quieren quitar varias propiedades.

Rivera dijo que si tratan de acercarse a las propiedades los tomatierras los reciben a balazos.

Jesús Mora, productor de Boaco, dijo que desde el año 93 entregó una propiedad de 30 manzanas cultivadas con café, en pago por una deuda de 200 mil córdobas que pasó al Banco Central, pero que en vez de tener resuelto el problema, ahora se le tomaron una finca de 150 manzanas.

Agregó que después de haber pagado de buena fe al Banco Central, esta institución ahora le dice que las escrituras que presentó son falsas y le tienen invadida su finca de café orgánico. Aseguró que recibió la visita de una alta autoridad de la Intendencia de la Propiedad de Boaco, quien llegó con una actitud amenazadora pidiéndole que desaloje la finca.

Mora señaló que después que asumió el gobierno de Daniel Ortega, las invasiones de fincas se multiplicaron.
Policía no actúa
Agurcia dijo que los productores afectados han interpuesto denuncias en los Juzgados, y existen órdenes judiciales de desalojo, pero que la Policía Nacional no acata estas resoluciones y se les hace imposible recuperar sus propiedades.

En el caso de que los dueños de las fincas no las quieran entregar, Agurcia dijo que los dirigentes de los invasores se van a Timal, donde tienen sus bases y llegan con 20 ó 30 camiones llenos de personas que utilizan como fuerzas de choque.

Entre los que dirigen estos grupos de tomatierras se menciona a Elia María Galeano (La Chaparra), quien perteneció a la Resistencia Nicaragüense y ahora es alidada del gobierno sandinista.

Otros de los mencionados por los productores son; “Kalimán”, un salvadoreño llamado “el primo”, “Pepe loco”, “El pizote”, Pedro Rocha y Heriberto Bolaños.

Todos son dueños de negocios como bares y talleres, en diferentes zonas del país, según los productores.

Elia María Galeano (La Chaparra) negó ayer que ella esté dirigiendo tomas de tierras, pero señaló que está respaldando a los desmovilizados que tienen años de estar esperando la entrega de propiedades y hasta la fecha no se les ha hecho efectiva.

Aseguró que hay muchas propiedades que los productores perdieron por deudas en los bancos y dieron en acción de pago para el proyecto especial de desmovilizados, pero que ahora no las quieren devolver y que en total son 560 fincas, algunas de las cuales hasta tienen títulos de la Intendencia de la Propiedad.

Los productores urgieron una respuesta al gobierno, el que por un lado asegura que está tratando de incrementar la producción agropecuaria, pero por el otro, está afectando a una gran cantidad de propietarios de fincas.

Manuel Álvarez, Vicepresidente de Upanic, dijo que por ahora están recibiendo las denuncias de todos los afectados y posteriormente la organización se pronunciará al respecto.

El Procurador de la República, Hernán Estrada, dijo ayer que investigarán el caso. En reiteradas ocasiones el funcionario ha manifestado que están investigando una serie de denuncias al respecto y tienen nombres de personas que se señalan están detrás de estas acciones.