Jorge Eduardo Arellano
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La educación es una obligación de los Estados y gobiernos
En 1948, cuando los Estados centroamericanos aprobaron tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, estos dieron a la educación el carácter de derecho humano, lo que han ratificado continuamente en nuevos instrumentos de derecho internacional, en sus Constituciones y en leyes complementarias.

Garantizar la puesta en práctica de este derecho, requiere del cumplimiento de tres obligaciones, relacionadas principalmente con el acceso y la calidad educativa. 1) Hacer efectivo el derecho a la educación, poniéndola al alcance de todos los niños, luchando contra el trabajo infantil y adaptando los planes y programas de estudio a sus necesidades y pertinencias, entre otras.

2) Respetar el derecho a la educación, evitando cualquier acción que podría impedir el acceso de los niños a la escuela, como legislaciones que definen a cierto grupo de niños con capacidades diferentes como no educables; y 3) Proteger el derecho a la educación, tomando las medidas necesarias para eliminar las barreras (económicas y no económicas) que impidan el acceso de todos los niños, por cuestiones culturales, de pobreza, o cualquier otra índole.

Desde el punto de vista fiscal, para que el cumplimiento de los derechos sea efectivo, la voluntad política debe reflejarse en asignaciones presupuestarias acordes a las necesidades que se deben enfrentar. En ese sentido, al analizar los presupuestos públicos destinados para el cumplimiento del derecho a la educación, y los resultados alcanzados con la ejecución de los mismos, se puede concluir que en Centroamérica hay un estancamiento en el cumplimiento de este derecho.

Si bien es cierto, con intensidades diferentes en cada país, el derecho a la educación tiene importantes desafíos. Estos desafíos tienen relación con el logro de la cobertura educativa universal y con la mejora de su calidad, pero también con la manera en que los gobiernos podrán hacerse responsables del derecho, dedicando suficientes recursos financieros.

Los gobiernos y la sociedad centroamericana deben comprender que la educación es un derecho, y como tal, no debe depender de la contribución del ser humano a la producción y al mercado, sino más bien de intervenciones públicas que faciliten la igualdad de oportunidades, haciendo posible que, al margen de las diferencias, todos los centroamericanos tengan la misma oportunidad de desarrollar sus capacidades.