•  |
  •  |

La nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público debe permitir cortar de raíz una serie de prácticas corruptas, sin embargo, aun hay instituciones del Estado que se resisten o no se han adaptado a este nuevo mecanismo.

La representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mirna Liévano, manifestó que muchas instituciones del Estado aún no se han adaptado a la nueva Ley de Contrataciones.

“El año pasado el principal éxito del BID fue haber logrado la aprobación de la Ley de contrataciones, pero lo importante ahora es ver que esta se aplique”, explicó la funcionaria.

Aseguró que las compras de las instituciones estatales se tienen que hacer de acuerdo con las mejores prácticas que están plasmadas en la Ley (de contrataciones), y además que el personal que la administre debe tener la calificación correspondiente, ya que “el fin que se persigue no es en qué se gasta, sino cómo se gasta”, indicó. En este aspecto el BID está muy interesado en que instituciones como el Ministerio de Salud, Minsa, que es el mayor comprador del Estado, siga las políticas de adquisiciones y los procedimientos de compras establecidos. “Allí hemos escogido cinco productos trazadores para determinar si están cumpliendo con la Ley”, explicó Liévano.

Siguen apoyando su implementación
Liévano reiteró a EL NUEVO DIARIO  que ellos siguen brindado apoyo al tema de las contrataciones del Estado y considera que “hay que darle un poco de maduración, ya que hemos tenido noticias acerca de que hay sectores que están preocupados porque tienen que planificar las compras y eso les ha traído algunos problemas, pero es cuestión de acomodarse a la ley y lo que pasa es que no estaban habituados a planificar”, indicó. En ese contexto, recalcó que ellos estarán evaluando cómo el sector público viene haciendo uso de la ley. “El BID está acompañando con asistencia técnica para tratar de brindar un poco de capacidad institucional y hay instituciones que se están resistiendo, por ejemplo el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI”, indicó.

Las exclusiones no deben ser aprobadas por la Contraloría
La representante del BID en Nicaragua manifestó que las exclusiones de procedimientos aprobadas por la Contraloría General de la Republica, CGR, no son una buena práctica porque después no puede ejercer el control posterior.

“Vemos que las exclusiones de procedimientos no eran una buena práctica y no son una buena práctica que estas sean autorizadas por la contraloría porque ejerce un control posterior en el sistema nicaragüense, entonces de alguna manera podría ver comprometida su opinión  participando de antemano en una cosa que iba a tener que revisar después”, mencionó Liévano.  A juicio de la funcionaria las instituciones estatales aun no se han adaptado a la nueva Ley de contrataciones del Estado.

“Nosotros ya sabíamos que esto iba a tomar su tiempo, por lo menos un año de ajuste para que aprendan a usar el nuevo mecanismo y poder tener una plena implementación de la Ley”, explicó la representante del organismo financiero.

 

Jugoso pastel

600 millones de dólares es lo que invierten las instituciones del gobierno central, las alcaldías municipales y entes autónomos del Estado en la compra de bienes y servicios para garantizar su funcionamiento.

Fuente: Asamblea Nacional