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Miembros del sector privado nicaragüenses están sumamente preocupados porque la Procuraduría General de la Republica, PGR, sigue engavetando el caso de los laboratorios Solka, a pesar de haber una orden del presidente de la República, Daniel Ortega, de resolver ese asunto con los socios mayoritarios privados por la vía de la compra de sus derechos accionarios.

“En agosto hubo una reunión entre el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, la PGR y los representantes de Solka, en ese momento se llegaron a acuerdos específicos donde el procurador (Hernán Estrada), dijo que se cumpliría la voluntad del presidente en la resolución de este problema, sin embargo, a la fecha no hay ninguna respuesta”, explicó Roberto Solórzano, director extraordinario nombrado en el caso Solka.

El mencionado laboratorio fue propiedad de la familia Solórzano hasta que, tras una intervención judicial en enero de 2007, quedó en manos de la PGR. Al siguiente año, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, decidió hacer una oferta a los antiguos dueños, impedidos de entrar a las instalaciones. La oferta fue de cuatro millones de dólares.