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Miembros del sector privado nicaragüense están sumamente preocupados porque la Procuraduría General de la República, PGR, sigue engavetando el caso de los laboratorios Solka a pesar de haber una orden del presidente de la República, Daniel Ortega, de resolver ese asunto con los socios mayoritarios privados por la vía de la compra de sus derechos accionarios.

“En agosto pasado hubo una reunión entre el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, la PGR y los representantes de Solka, en ese momento se llegaron a acuerdos específicos donde el procurador (Hernán Estrada), dijo que se cumpliría la voluntad del Presidente en la resolución de este problema, sin embargo, a la fecha no hay ninguna respuesta”, explicó Roberto Solórzano, Director extraordinario nombrado en el caso Solka.

El laboratorio fue propiedad de la familia Solórzano hasta que, tras una intervención judicial en enero de 2007, quedó en manos de la PGR.

Al siguiente año de la intervención el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, decidió hacer una oferta a los antiguos dueños, impedidos de entrar a las instalaciones.

La oferta fue de cuatro millones de dólares. “Yo entiendo que el presidente (Ortega), instruyó al Procurador para que procediera a resolver este asunto y lo que no entendemos es qué ha pasado con él mismo”, manifestó el  presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Cadin, Mario Amador.

Según los empresarios, en el 2008 el gobierno había firmado y aceptado la compra de los laboratorios a través del INSS, pero hasta el momento desconocen quién será el comprador final.

A juicio de Solórzano, actualmente existe un interventor que es ilegal por haber un recurso de amparo en su contra que manda a la procuraduría a devolver las cosas antes de su intervención.

Laboratorios Solka, S.A. está siendo administrado supuestamente por autoridades del INSS mediante sindicatos.

“Lo único que le pedimos al Estado es que respete el mismo monto que ofreció en el 2008”, puntualizó Solórzano.