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El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas,  IEEPP,  reiteró hoy en un comunicado de siete puntos,  que “preocupa” la “completa discrecionalidad”  que se le ha venido dando al destino de la sobre recaudación en la reciente reforma presupuestaria 2011.  Así como la falta de fiscalización en los recursos.

“Cerca de la mitad de los recursos internos -- C$ 1,222.0 millones -- se destinarán para cubrir deudas incurridas de manera no transparente por la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL. Esta deuda está relacionada con la administración privada de la cooperación venezolana y la ausencia de control de parte de la Asamblea Nacional desde la aprobación del acuerdo petrolero”, destacó la entidad.

“Ese mal precedente—agregó-- para la administración del presupuesto quebranta el principio de claridad (arto. 13 inciso i de la Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario), según el cual: El presupuesto debe de reflejar en forma clara y transparente los programas, conceptos y montos, con el objetivo de procurar su fácil comprensión para la opinión pública y para todos los administradores públicos.”

En ese contexto planteó que el Ejecutivo “debe aclarar a la ciudadanía la naturaleza de la deuda contraída por ENEL.  De acuerdo con los lineamientos de endeudamiento público del 2011, contenido en el Decreto Presidencial No. 35-2010, las empresas públicas tienen un límite de endeudamiento interno de 13 millones de dólares. ¿Cómo es que se le ha permitido a la Comisión Técnica de endeudamiento público del Ministerio de Hacienda ENEL aprobar semejante deuda?”.

El IEEPP resaltó, que: “el hecho que cuantiosos recursos para atender las necesidades de reconstrucción dejadas por el invierno, estén fuera de control y sin fiscalización alguna por parte de las instancias correspondientes. Se trata de 310 millones de córdobas adicionales destinados al MTI y 7 Alcaldías que serán ejecutados bajo exclusión de procedimientos a solicitud del Ejecutivo. Al respecto es importante mencionar que Nicaragua es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, y por tanto la legislación en materia de contrataciones del sector público debería de adaptarse a esta realidad, sin dejar a un lado los mecanismos de control y fiscalización de los fondos públicos”.

Por otro lado apuntó que los incrementos netos en sus presupuestos de hasta 70 millones de córdobas para el Ejército de Nicaragua, de 40 millones de córdobas a la Policía Nacional y de 74 millones de córdobas para el Consejo Supremo Electoral, no presentan una justificación convincente que explique por qué no dedicarlo a incrementar sostenidamente el presupuesto de gasto social.

“El presupuesto del Ministerio de Salud sufre una reducción neta de 23.51 millones, el Ministerio de la Familia, Adolescentes y Niñez una reducción neta de 128.6 millones de córdobas, y el Ministerio de Educación un aumento neto marginal de 37.7 millones de córdobas.  Es necesario fortalecer el ejercicio ciudadano de fiscalización. Sin embargo, este sólo será posible en la medida que las autoridades brinden información oportuna y completa sobre el presupuesto general y sus políticas públicas”, señaló.

La institución recordó además que el Gobierno envió tardíamente la reforma al Parlamento, inclumpliendo con el artículo 112 de la Ley Anual de Presupuesto de la República,  lo que restó la posibilidades a los legisladores y diferentes sectores del país, emitir recomendaciones y alcanzar los consensos sobre el uso de la sobre recaudación estimada en total en 2,976.7 millones de córdobas.

También reiteró que “demandas pendientes hechas por diversos sectores, como la pensión reducida a un número considerable de adultos mayores, la incorporación del bono salarial al presupuesto, la transferencia de recursos para capitalizar al INSS, un mayor presupuesto para infraestructura escolar y de salud no fueron tomados en cuenta por el Ejecutivo en su proyecto de Ley ni por el Legislativo en su aprobación”.