Gustavo Álvarez
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La falta de una partida en el proyecto de Presupuesto de la República para la instalación del Instituto Pro Competencia, y el retraso en el nombramiento de los integrantes de dicha entidad, preocupa al sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), porque a pesar de haber entrado en vigencia a mediados de año, la Ley de Competencia aún no se puede implementar.

Por tal motivo, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen) está cabildeando con autoridades del gobierno y diputados de la Asamblea Nacional, para tratar de acelerar la puesta en marcha de dicho instituto, que es el órgano rector de la competencia.

Entre los pegones está el que el Poder Ejecutivo aún no nombra a la directiva de dicho instituto y la falta de presupuesto para que la nueva entidad comience a operar.

Jorge Brenes, Gerente General de Apen, dijo que conversaron con Paul Oquist, secretario del presidente Daniel Ortega, a quien le manifestaron la importancia de poner en marcha dicha ley.

Asimismo, se reunieron con diputados de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, quienes además de los representantes del Poder Ejecutivo, expresaron su interés en que se implemente la Ley de Competencia, pero que no están haciendo el esfuerzo necesario para ello.

El Poder Ejecutivo debe escoger a las autoridades del instituto de ternas propuestas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).

Brenes dijo que hay una laguna, porque algunas cosas que antes regulaba el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), ahora las tiene que regular el Instituto Pro Competencia, pero éste aún no está operando. El gerente de Apen consideró que el haber dejado sin presupuesto al Instituto Pro Competencia no fue algo premeditado, sino que existen prioridades serias de tipo social por parte del gobierno y por alguna razón se quedó engavetada, pero están a tiempo para que se implemente.

Brenes indicó que no haber recursos del Presupuesto de la República, se tendría que buscar fondos de la cooperación, pero que lo más conveniente es que en la Asamblea Nacional se incluya una partida para dicha institución.

El Instituto Pro Competencia necesita un millón de dólares para el primer año, que incluye la instalación de las oficinas de la institución.

Necesaria para libre mercado

El funcionario de Apen manifestó que a pesar de que Nicaragua tiene un libre mercado, no cuenta con una entidad que vele por el buen funcionamiento de las empresas entre sí y también que proteja al consumidor. Añadió que la mejor forma de combatir la inflación es por medio de la competencia, según las recomendaciones hechas por expertos economistas.

Dijo que esta ley no solamente beneficia a las Pymes, sino también a las grandes empresas, porque pueden venir a competir y contar con un marco de acción en igualdad de condiciones con cualquier otra compañía, evitando crear prácticas competitivas contra las empresas nacionales.

Brenes destacó que expertos internacionales han catalogado a dicha legislación como una ley de primer orden, porque es de las últimas aprobadas en América Latina, de tal manera que se considera muy ventajosa para el país.

La Ley de Competencia evitará todas las prácticas anticompetitivas que alguna empresa lleve a cabo en el país y establece sanciones monetarias para las empresas que incurran en esas irregularidades, las que van del uno al diez por ciento de las ventas netas del negocio.