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El ambiente fresco es propio de la zona de Nindirí, en Masaya. Los rayos del sol apenas empiezan a iluminar el campo, pero a medida que pasa el tiempo, Mercedes Isabel López Boniche, apura su faena de labranza para volver a su casa en la comarca El Cocal, lugar donde la esperan sus cinco hijos.

Antes de las 8:00a.m. está de regreso. Con la apertura del ciclo agrícola 2012-2013 López, de 39 años, se vio obligada a pagar C$1,000 por el alquiler de una manzana de tierra, donde está cultivando maíz, el que espera cosechar dentro de tres meses.

El grano que obtenga servirá para el sustento diario de su familia y para conseguir un dinero extra, con la venta del producto, en el mercado de Masaya.

Además de no contar con tierras para el cultivo, la señora tampoco tiene asegurada la propiedad donde actualmente vive. Su cuñado, con quien hizo un intercambio de terreno, no le entregó los documentos de la propiedad, aduciendo que aún le debe algunas cuotas del camión que también le vendió.

“No me da la escritura, yo no tengo tierra y cuando vamos a sembrar alquilamos, pero hasta la hora que obtenemos el producto nosotros pagamos, lógicamente que tiene que ser alguien confiable”, aduce.

Ella es parte del grupo de mujeres que a la fecha les hace falta tierra para cultivar en Nicaragua.

Sin embargo, con el apoyo de Oxfam, y otras organizaciones, pretenden promover la aplicación de la Ley 717, Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales, a través de su campaña Crece.

-“¿Cómo es ese fondo, para qué sería?”, pregunta entusiasmada López.

A su inquietud, la representante de la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas y Agroindustriales, Fenacoop, Gusnara Bustos, le responde:

-“Lo que se pretende es que se deje un presupuesto, dentro del Presupuesto General de la República, que sirva para la compra de tierras a favor de las mujeres, que las mujeres puedan tener acceso a ese fondo y puedan optar a un crédito con bajos intereses a largo plazo”.

-“¡Qué bueno! Porque donde quiera que vaya a alquilar, siempre dicen, no toques eso y no toques lo otro, pero tienen razón”, añade la productora.

PRODUCTORAS ATADAS

En Nicaragua 4,200 están en el seno de una cooperativa, según la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua, Femuprocan. En el municipio de Nindirí actualmente existen 48 mujeres en la Cooperativa de Servicios Múltiples de Mujeres del Campo de Masaya, Comucamp.

La secretaria del consejo directivo de esta cooperativa, Gloria Siézar, comenta que las limitantes que enfrentan las mujeres que alquilan tierras es que no pueden realizar las diferentes prácticas agroecológicas.

“Quisiéramos producir alimento sano y estamos metiendo un poquito, pero no como quisiéramos, ese es uno de los retos”, plantea Gloria, quien también tiene que pagar hasta C$2,000 durante los tres ciclos productivos para el alquiler de tierra.

Una situación similar, pero no tan a fondo pasa Xiomara Pérez Flores, de 35 años. La propiedad donde habita es herencia de su progenitora, sin embargo, aún no posee documentos porque hace falta deslindar el bien inmueble.

Aunque cultiva maíz y yuca en la manzana y media de tierra que posee, también recurre al alquiler de tierra.

“Yo quisiera tener tierra propia y legal para disponer y ayudar en la seguridad alimentaria, la cooperativa en mucho nos ha ayudado en préstamos y a veces nos facilita insumos”, agrega.

OTRA CARA DE LA MONEDA

En la comarca Lomas del Gavilán está ubicada la finca El Carmen, con una extensión de cinco manzanas de tierra. La diversificación de cultivos se nota al entrar a la propiedad: aguacates, limones, pitahayas, plátanos, calala, yuca y hasta lirios, cultivo que le heredó su madre, que son bien comercializados.

“La tierra es mía, trabajo lo propio. No ando pagando alquiler, ni con aquella dificultad de que el dueño me diga, mire ya se llegó la fecha, y aquí yo siembro lo que se me viene en mente”, enfatiza su propietaria, Nubia Boniche Calero, de 62 años. Ella, también es beneficiaria de los préstamos que otorga Comucamp, a una tasa de interés del 18% anual.

“La cooperativa nos presta a un interés bajo y no nos anda presionando, así nosotras nos sentimos confiada, es nuestra cooperativa y no hay que pensar en la quiebra”, señala.

Otra de las cooperadas en Comucamp es María del Carmen López, de 40 años. También, como muy pocas, es dueña de manzana y media de tierra. Encontrarla en su casa fue un poco difícil, ya que hasta las 10:00 a.m. ella regresa del mercado de Masaya, después de vender los productos que obtiene de los cultivos.

“Me fascina sembrar”, admite la agricultora quien al igual que el resto trabaja cuidando el medio ambiente y está en planes de diversificar su cosecha.

“Quiero sembrar pitahaya y quiero reforestar, yo he recibido talleres de cuidado de suelo. Yo siembro achiote, porque tiene varias funciones, me da la fruta, y el abono orgánico con solo tirar la hoja”, recalca orgullosamente.

Sin presupuesto

La ley No. 693, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que también promueve la campaña Crece, tampoco cuenta con una asignación presupuestaria. A través de esta iniciativa se quiere garantizar el suficiente alimento a los nicaragüenses. 
Otra es la Ley No. 499, Ley General de Cooperativas, que nació en 2004, con el espíritu de proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y gestión económica del sector cooperativo.