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El sector privado acordó enviar el próximo viernes al presidente de la República, Daniel Ortega, la carta donde solicitan el veto parcial a la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, por considerarla que roza con la Constitución Política de Nicaragua y los derechos humanos.

El escrito irá firmado por los miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, Asomif, y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham.

Además, será respaldado por los 19 presidentes de cámaras de comercio en el país en su calidad de ciudadanos. En general, la misiva está fundamentada en el artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua que expresa los derechos de toda persona a su vida privada y a su familia, a la inviolabilidad de su domicilio, a su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo.

Por otra parte, se le insiste al presidente Ortega en la necesidad de “buscar cómo asegurar que se le den respuestas a todas las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, planteó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

Paralelamente el líder empresarial explicó que el sector privado tiene a un equipo de técnicos legales trabajando en un recurso de amparo y otro de inconstitucionalidad que remitirán a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, si el presidente Ortega decide no vetar los artículos 4 y 9 de la Ley UAF.

Aguerri recordó que el sector privado ha insistido con el gobierno en traer al país a especialistas en leyes de unidades financieras, pero “desafortunadamente en esta ocasión hemos tenido oídos sordos”, puntualizó.