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El Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, ha expresado su respaldo a las recomendaciones que realizó el Fondo Monetario Internacional, FMI, al Gobierno de Nicaragua, de reducir el gasto público, refiriéndose a los subsidios a la electricidad, al transporte y al bono solidario.

“Este sector --empresa privada-- comparte con el FMI la necesidad de que el Gobierno controle los gastos”, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien agregó que además comparten la posición del órgano financiero, de que Nicaragua obtenga una reforma fiscal que le permita ampliar la base tributaria y reducir las exenciones fiscales.

Según Aguerri, el sector privado tiene por expectativas que un nuevo acuerdo entre Nicaragua y el FMI empiece a negociarse a más tardar en los meses de agosto o septiembre próximos, para que el país cuente con un programa económico a inicios del año 2013.

Gasto pone en riesgo nuevo acuerdo

De acuerdo con el economista René Vallecillo, el gasto que el Gobierno tiene con la aplicación de los subsidios a la electricidad, transporte y el bono solidario podrían poner en riesgo un nuevo acuerdo financiero entre Nicaragua y el FMI. “Se deben como 150 millones de dólares por tarifa energética y se estiman como 60 millones de dólares los gastos para el bono solidario, entre los dos se habla de 200 millones de dólares, y el Presupuesto del país es de 1,800 millones de dólares; hablamos de más del 10% del Presupuesto”, advierte el economista.

Vallecillo basa su análisis en la posibilidad de que la cooperación venezolana se retire y el Gobierno no disponga de recursos financieros vía presupuesto para mantener el subsidio, lo que haría insostenible la economía del país, traduciéndose a un déficit fiscal y elevación de la inflación.

“Esto pone en riesgo nuevas negociaciones con el FMI, el Gobierno tendría un problema si la cooperación venezolana no continúa, tendría que aumentar sus ingresos o reducir los gastos, para aumentar los ingresos necesita una reforma tributaria agresiva de 200 millones de dólares o sea el tres por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, y por el lado del gasto hablamos de 200 millones de dólares, tendríamos que quitarle a otros sectores --educación, salud, etc--, y eso sería insostenible”, indicó.

Son exigencias del FMI

Por su parte, el también economista Alejandro Aráuz, dijo que las recomendaciones del FMI sobre Nicaragua son parte de sus exigencias y considera que el Gobierno debe racionar los gastos de acuerdo al tamaño de su economía y la realidad de su entorno externo.

“Lo que se busca es mejorar las recaudaciones del país, al FMI le preocupan los temas como la situación del Seguro Social y los gastos extrapresupuestarios, así como los subsidios. Bajo esa perspectiva la preocupación del FMI es que sencillamente se nos avecina un período complicado, inestable desde el punto de vista económico externo, que tiene que influir en la economía nicaragüense”, comenta el experto.

Aráuz considera que el Gobierno está obligado a racionalizar esos gastos y buscar otros mecanismos que no sea el subsidio para resolver las necesidades de la población que son múltiples, generando fuentes de trabajo, atrayendo mayor inversión y creando política de desarrollo social.

Cosep con equipo de expertos

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, dio a conocer que ya tienen listo un equipo de expertos en temas fiscales, que formarán parte de la maquinaria de asesores que dispondrá la empresa privada para la formulación de una contrapropuesta de reforma fiscal, tema que será retomado al regreso de las vacaciones de los diputados de la Asamblea Nacional.

El Cosep estará valorando una serie de temas que a juicio de Aguerri deben ser parte de las discusiones de la reforma fiscal. Entre estos mencionó una serie de leyes que están en la Asamblea Nacional, AN, como la Ley de Puertos, el tema de las propuestas de la Ley de Fomento Ganadero, leyes en materia de reforestación, energías renovables y otros temas.

 

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Fuente: MHCP

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