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El tema fiscal es abordado permanentemente en las discusiones sobre el Estado y los retos de la economía.

Señalamientos sobre el nivel del déficit gubernamental y el saldo de la deuda los hacemos con tono de preocupación, al igual que comentamos sobre el nivel del gasto y la carga tributaria. Esos temas permanecerán en la agenda, por lo que conviene ubicar los espacios para la discusión.

Claramente el desequilibrio fiscal, cuando alcanza niveles elevados respecto a la producción debe ser enfrentado.

La situación de algunos de los países europeos es suficientemente clara. Déficit fiscales elevados presionan sobre los fondos prestables y contribuyen al incremento en las tasas de interés y al desequilibrio de las cuentas externas.

También son el factor que determina la dinámica de la deuda pública y su sostenibilidad. Pero, desde el punto de vista del desarrollo de un país, no todo déficit es dañino, ni todo equilibrio es sano. Interesa, también la forma como se logra el resultado.

Las sociedades le asignamos funciones al Estado, que esperamos sean efectuadas con eficiencia y calidad.

Hay unas claramente definidas, como la seguridad y la justicia, en las cuales se requiere la participación de un ente social para establecer las reglas de la convivencia y velar por su cumplimiento.

Hay otras, como la educación y la salud, cuyo beneficio social excede claramente el beneficio individual; por ello, esperamos que el sistema social complemente el esfuerzo privado y provea los servicios en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, especialmente para quienes no podrían adquirirlos por su cuenta.

Hay que establecer prioridades

También nos interesa la infraestructura, particularmente la que, por su dimensión y naturaleza no sería desarrollada por el sector privado.

Estas funciones deben financiarse. Es importante que los impuestos sean suficientes para cubrir la mayoría de los gastos.

Esto es fácil de decir, pero es difícil de alcanzar. Los países centroamericanos nos caracterizamos por tener cargas tributarias relativamente bajas, mientras las necesidades de gasto social son relativamente elevadas. Por ello, es oportuno replantearnos el tema de la carga tributaria, su nivel y su composición.

La decisión no debe centrarse solo en el monto a recaudar, sino la forma de hacerlo. La estructura tributaria debe ser tal que no distorsione la asignación de recursos productivos y afecte la eficiencia económica. En lo posible, la base de cobro debe ser relativamente amplia, con el fin que tener una tasa impositiva relativamente baja y alcanzar la meta de recaudación buscada.

La decisión fiscal no pasa solo por alcanzar un nivel adecuado de ingresos. También debe enfocarse en la eficacia, la eficiencia y la incidencia del gasto.

Se requiere, entre otras cosas, establecer claramente las prioridades; medir la efectividad del gasto; disponer de mecanismos de control para evitar que los recursos escasos se utilicen en actividades poco productivas. Esta segunda parte de la ecuación fiscal no es simple, porque hay muchos grupos de interés que dependen de las llaves del gasto público para mejorar su nivel de bienestar.

La tercera pata del banco fiscal es el financiamiento. Afortunadamente, los latinoamericanos aprendimos que los desequilibrios fiscales no deben financiarse con recursos de la banca central.

Ello nos ha permitido alcanzar inflaciones menores a 10% en prácticamente todo el continente, pero todavía tenemos que avanzar en mejorar la mezcla entre el financiamiento interno y externo; entre los recursos de corto y de largo plazo; entre los préstamos a tasa fija y tasa variable; entre la deuda en moneda nacional o extranjera.

Los temas fiscales son parte integral de la estrategia de desarrollo. Si lo hacemos bien, podremos disfrutar de mejores condiciones de crecimiento, distribución y estabilidad. Si lo hacemos mal, seguiremos empantanados con tasas de crecimiento magras y amenazas persistentes a la estabilidad económica y social.