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La Dirección de Defensa de los Consumidores tendrá más “garra” y mayor presencia en Nicaragua, de aprobarse en la Asamblea Nacional una nueva ley que ya se tramita en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

Con la iniciativa de reforma total a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, se pretende simplificar a los ciudadanos el proceso para denunciar fraudes e infracciones cometidos por los diversos establecimientos comerciales.

El proyecto, introducido el pasado 16 de agosto ante la Asamblea Nacional y enviado el pasado martes a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, plantea que la Dirección de Defensa de los Consumidores, DDC, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, tendrá oficinas en todo el país.

Esas oficinas territoriales, según el proyecto de ley, tendrán la misma potestad resolutiva que la oficina central.

“Con esto se busca el ahorro de tiempo y dinero al consumidor, evitando que tenga que viajar hasta la capital para accionar los mecanismos establecidos para la protección de sus derechos”, indica el texto de la iniciativa de ley.

Además, se crearía un Consejo Interinstitucional, como instancia consultiva de la Dirección de Protección de los Consumidores, Diprodec, que a diferencia de la ley vigente, será más pequeño y más ágil en sus actuaciones, según el proyecto.

Indec: Ley no resolverá abusos

Para Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto de Defensa de los Consumidores, Indec, la propuesta de abrir oficinas en todo el país para proteger a los ciudadanos de eventuales abusos de los centros de comercio, es buena, aunque consideró que no se resolverán los abusos.

“En principio es una buena idea, pero de qué sirve eso, si a la ley (vigente) le han quitado muchas facultades, le quitaron la facultad de ver los casos y denuncias de energía por un decreto de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, entonces de qué sirven esas oficinas en las regiones”, manifestó Pomares.

Pomares indicó que los mayores reclamos de parte de los consumidores vienen de los servicios de energía eléctrica, agua y tarjetas de crédito.

“Si estas instancias no atienden estos reclamos y no tendrán potestad para resolverlos, entonces qué va a llegar a hacer la gente a esas oficinas”, agregó.

Sin embargo, la iniciativa de ley faculta a la Dirección de Defensa de los Consumidores, atender denuncias por abusos en los servicios financieros y también ordena a sus entes reguladores, como la Superintendencia de Bancos, Siboif, proteger a los usuarios.

Las propinas no son obligatorias

Por otro lado, la propuesta de ley prohíbe a los restaurantes y otros centros de servicios, incluir “la propina voluntaria” en la factura de sus clientes.

Aunque la ley en vigor prohíbe imponer la propina, en Nicaragua los restaurantes y otros centros de comercio incluyen en las facturas un monto de “propina voluntaria”, que por lo general representa el 10 por ciento del consumo total.

Asimismo, la iniciativa, dividida en cuatro títulos, ordena a las empresas no imponer a sus clientes un precio de venta de sus productos superior al exhibido, informado o publicado y, añade, la publicación de los costos debe ser en córdobas, y tiene que incluir todos los impuestos expresados.

Prohibiciones a los proveedores

El proyecto de ley prohíbe a las empresas utilizar la información sobre consumidores o usuarios con fines mercadotécnicos o publicitarios sin su consentimiento, así como enviar publicidad a los consumidores que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla.

Recursos disponibles

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, planificará e incorporará en su propuesta de presupuesto las partidas económicas necesarias para un adecuado funcionamiento de la Dirección de Protección a los Derechos de los Consumidores y Usuarios, garantizando su representación territorial.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, velará por el cumplimiento efectivo de esta disposición.