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  • EFE

La flexibilización del mercado laboral, exigida por la troika, impidió hoy una vez más que los tres socios del Gobierno griego lleguen a un acuerdo sobre el nuevo plan de ahorro por 13,500 millones de euros, como tenían previsto.
       
"No acepto las exigencias de la troika", manifestó hoy Fotis Kuvelis, líder del centroizquierdista partido Dimar, uno de los tres en que se apoya el Gobierno del conservador Andonis Samarás.
       
"Ni los diputados de Dimar ni yo vamos a votar a favor de la eliminación de los derechos laborales. Las exigencias de la troika no tienen nada que ver con el ahorro en las cuentas públicas", dijo.
       
La reunión de hoy entre Samarás, Kuvelis y el líder socialista Evángelos Venizelos era la enésima de los últimos cuatro meses en que se prolongan ya las negociaciones con la troika conformada por la Comisión Europea, CE;  Banco Central Europeo, BCE;  y Fondo Monetario Internacional, FMI.
       
El encuentro debía haber servido para ratificar finalmente un acuerdo sobre el plan de ahorro y las exigencias de los prestamistas internacionales para poder presentar las medidas al Parlamento.
       
Según los medios griegos, los tres partidos del Gobierno están prácticamente de acuerdo en el plan de ahorro, pero no sobre las medidas de flexibilización, que el partido dominante del ejecutivo, la conservadora Nueva Democracia sí ha incluido en su propuesta.
       
Este incluye recortes de pensiones y salarios públicos y nuevos impuestos, aunque la troika ha insistido en la necesidad de flexibilizar el mercado laboral.

 Vislumbran más pobreza y desempleo

Entre las medidas exigidas por los acreedores destacan la ampliación de la semana laboral a los seis días, la reducción de las indemnizaciones por despido, eliminar los aumentos salariales por antigüedad y congelar los salarios hasta que el índice de desempleo se sitúe por debajo del 10 %.
       
"Si estas exigencias son aceptadas habrá más pobreza y más desempleo", denunció Kuvelis.
       
Venizelos también se mostró contrario a la modificación de la legislación laboral pues recordó que "el coste del trabajo ya ha sido reducido significativamente" en los últimos años.
       
También exigió que sea "el Gobierno griego" el que "gestione" la aplicación del programa de ahorro, porque, según opinó, Grecia "no es un protectorado".
       
Con todo, el jefe socialdemócrata reconoció que las negociaciones sobre el nuevo paquete de medias de ahorro y recortes deben concluirse "en los próximos días" porque su "prolongación" supone "serios problemas de liquidez para el país".
       
El ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, dijo el lunes pasado que sin el nuevo tramo de ayuda financiera -que los socios europeos bloquean en espera de un informe de progresos positivo de la troika- habrá "hambre" en Grecia.
       
De acuerdo con el Gobierno, las arcas públicas griegas disponen de fondos hasta el próximo 16 de noviembre.
       
Por eso, Atenas espera que durante la reunión del Eurogrupo el próximo día 12 se acepte finalmente el desembolso de los 31,500 millones de euros que forman parte del préstamo acordado entre Grecia, la UE y el FMI a inicios de año.