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  • EFE

La tercera reforma del sector financiero español fue aprobada hoy definitivamente al recibir el visto bueno del Senado, último requisito pendiente para poder entrar en vigor.
       
La ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito, es la tercera reforma financiera desde que el Gobierno conservador de Mariano Rajoy asumió el poder el 21 de diciembre de 2011.
       
El texto fue aprobado con 165 votos a favor del Partido Popular, PP, del Gobierno y de los nacionalistas catalanes de Convergencia iUnio, CiU, frente a 56 en contra y 6 abstenciones.
       
Todas las enmiendas que se habían presentado fueron rechazadas, con lo que finaliza con esta votación su tramitación parlamentaria.
       
El texto, que llegó al Senado por el procedimiento de urgencia, cumple con las condiciones acordadas con la UE para la concesión de una ayuda de hasta 100,000 millones para sanear y recapitalizar el sistema financiero español.
       
Al respecto, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, calculó hoy que las necesidades de inyecciones de capital a la banca española finalmente estarán por debajo de 40,000 millones de euros, una cifra muy inferior a los 100,000 millones de la ayuda europea aprobada.

Más protección para inversores

De Guindos expuso estas estimaciones durante una intervención en la Conferencia Internacional de Banca celebrada en la Ciudad Financiera del Banco Santander en Madrid, en la que sostuvo que con menos del 4% del PIB, España habrá recapitalizado las entidades que tenían necesidades según las conclusiones de las pruebas de resistencia realizadas por la consultora Oliver Wyman.
       
La reforma del sector financiero aprobada definitivamente hoy incluye la creación de una Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SAREB, el denominado "banco malo", que adquirirá activos inmobiliarios de las entidades.
       
También, se aumentará la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes.
       
Además, la nueva ley limita las remuneraciones de los responsables de las entidades que necesiten ayuda pública y eleva los requisitos de capital a las instituciones financieras hasta el 9%.
       
Asimismo,la nueva norma da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, que pasará a estar controlado por el Gobierno y que podrá actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda como en las que requieran una reestructuración o una liquidación.