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El Programa de Inversión Pública, PIP, tiene este año un presupuesto de C$13,401 millones (unos US$558,2 millones), para ejecutar obras de infraestructura, energía, salud, educación y telecomunicaciones, lo que ha despertado optimismo en el sector privado, aunque los empresarios demandan al Estado más transparencia en las licitaciones.

El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, CNC, Benjamín Lanzas, declaró que en las licitaciones de las obras no hay 100% de transparencia, lo que muchas veces deja al sector privado fuera de la competencia.

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La situación, agregó, provoca que el país deje de percibir utilidades, ya que se contrata a empresas extranjeras.

“Hay muchas instituciones del Gobierno que están asignando recursos sin su debida licitación”, denunció el Presidente de la CNC, que aglutina a 48 empresas.

En ese mismo sentido se pronunció la semana pasada la gerente general de Holcim Nicaragua, Dolores Prado, quien explicó en entrevista con El Nuevo Diario que “uno de los desafíos por atacar” es “el tema de los procesos licitatorios, que se cumpla con la Ley de Contrataciones del Estado, que se agilicen los avalúos y la recuperación del IVA de los proyectos exonerados”.

El Nuevo Diario consultó sobre la situación al Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, pero no se obtuvo una respuesta.

Más dinero para obras

Los C$13,401 millones que esté año se asignaron al PIP superan en 26.2% lo presupuestado en 2012, cuando la cifra fue de C$10,614 millones.

El MTI, con C$3,053 millones, es la institución con el mayor monto, de acuerdo con el PIP.

Más de la mitad del techo que tiene asignado esa institución para inversión pública proviene de organismos externos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo de Desarrollo Nórdico y el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros.

Por otro lado, más de la mitad del PIP C$7,328 millones, provienen de recursos externos. De acuerdo con un informe oficial, C$2,111.9 millones corresponden a donaciones y C$5,216.1 a préstamos. La otra parte, C$6,065.1 millones son aportados por el Tesoro Nacional.

Grandes proyectos

El PIP contempla, entre otras obras, la ejecución de grandes proyectos como la construcción de una línea de transmisión para conectar la planta hidroeléctrica Tumarín y que tiene un presupuesto para una de sus fases de C$ 8,5 millones.

Otro proyecto, a cargo de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, es el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Granada, con una asignación de C$71,6 millones.

En ese último programa las compañías constructoras nacionales no lograron participar porque no cumplieron con los requisitos, que a criterio de Lanzas estaban fuera del alcance de las empresas locales.

“Los requisitos son de proyectos que nunca se han hecho en Nicaragua, por ejemplo: facturación de US$20 millones, y en los últimos cinco años no hay una empresa en Nicaragua que lo cumpla, y si cumplieras otro requisito, como haber puesto tantos metros lineales de tubería de hierro galvanizado, no se ha hecho ningún proyecto de este tipo; entonces, ¿cómo vamos a cumplir?”, cuestionó Lanzas.

El PIP de 2012 fue de C$10,614.5 millones y la ejecución fue del 92%, según cifras oficiales. El sector construcción logró su participación en varios proyectos, aunque no se ofrecieron detalles.

Cosep planteará la situación

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri advirtió que la situación será abordada en una mesa de diálogo que tienen con el Gobierno.

“Lo estamos analizando para ver de qué manera lo planteamos con el Gobierno, pero no únicamente con el Gobierno, porque muchas de estas cosas están relacionadas con los organismos multilaterales.

Así que es un tema que primero hay que plantearlo como Gobierno, y luego lo tenemos que llevar como país a esos organismos”, manifestó Aguerri.

El sector construcción aporta al Producto Interno Bruto del país el 5%, y genera 170,000 plazas laborales formales e informales.

El vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Rodrigo Pereira explicó que las empresas nacionales se ven forzadas a participar en las obras como subcontratadas por las extranjeras.

“Al fin y al cabo nos subcontratan, terminamos haciendo la obra, pero la plata se va fuera de nuestro país. Conozco un caso que le adjudicaron C$17 millones más a una empresa extranjera, eliminaron a cuatro empresas nicaragüenses que cumplíamos con todos los requisitos, nos “bypasearon” y se la dieron a una empresa extranjera”, dijo Pereira.

Aguerri, en tanto, reconoció que los constructores nacionales están en desventaja, pero agregó que el dinero proveniente de donaciones o préstamos del extranjero no puede “dejarse ir”, en referencia a las condiciones que países u organismos internacionales establecen antes de desembolsar los fondos.

“Es una situación (en la) que (se) tienen que considerar las ventajas y desventajas, porque lo que no podemos es dejar ir (el dinero), son los recursos, o sea que vengan con las condiciones que vengan si son para beneficio del país”, expresó Aguerri.

Las transferencias

El PIP también incluye una partida de C$3,239.7 millones en concepto de transferencia a las alcaldías municipales. Lanzas criticó que las autoridades de los municipios “dan muchos proyectos de dedo”.

El gerente general de la empresa Consovipe S.A., Enrique Pereira, con experiencia en proyectos como la construcción de hospitales, dijo que los constructores nacionales tienen buenas perspectivas de ganar algunas licitaciones porque hay capacidad.

 

Crecimiento

Para este año el sector construcción proyecta crecer un máximo de 14% en relación a 2012.

 

La Ley de Contrataciones

En octubre de 2010 se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que persigue establecer el régimen jurídico de ejecución y extinción de las contrataciones administrativas, celebradas por los organismos y entidades que forman parte del Gobierno.

La norma establece que el sector público convocará a los interesados, para que sujetándose al pliego de bases y condiciones formulen propuestas, dentro de las cuales se seleccionará y aceptará la mejor oferta.

Sobre la exclusión de la que dicen ser víctimas los constructores nacionales, se buscó una declaración oficial con las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura, pero no fue posible obtener una respuesta.