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El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, aclaró ayer que la propuesta de reforma al Código Penal establece una pena de cárcel a los “grandes consumidores” del servicio eléctrico que estén en el sector residencial, industrial o comercial.

Por su parte, Marvin Pomares, del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor, Indec, dijo que los “asentamientos no están incluidos” en las sanciones que ya establece el Código Penal y que serán ampliadas con la reforma que envió el Gobierno a la Asamblea Nacional.

“El usuario de los asentamientos no consume C$10,000 de energía, esto no va para todo mundo, estos es para los grandes consumidores”, explicó Pomares.

El Código Penal establece en su artículo 236 que todo perjuicio estará calculado por un monto mensual igual o superior a tres salarios mínimos del sector industrial, que actualmente ronda los C$3,287.

“Esos consumos mayores se dan en zonas comerciales e industriales o repartos de alto poder económico, allí es donde se da la posibilidad” de imponer cárcel, advirtió Gutiérrez.

La reforma propuesta por el Gobierno, que añade un párrafo al artículo 236 del Código Penal, dice que serán sujetos de sanciones no solo quienes sustraigan ilegalmente energía, sino también quienes manipulen la distribución de ese servicio.