Alma Vidaurre Arias
  • Managua, Nicaragua |
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Un equipo técnico del sector público y privado se reunirá dos veces a la semana para evaluar los alcances que ha tenido la Ley de Concertación Tributaria, en vigor desde enero, para superar una serie de problemas vinculados al trabajo de la Dirección General de Ingresos, DGI, y la Dirección General de Aduanas, DGA.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri, declaró ayer que el objetivo de la evaluación es que la DGI y la DGA cumplan con el articulado de la Ley Tributaria.

Según Aguerri, funcionarios de la DGI piden a los productores constancia de exoneraciones, a pesar de que la nueva ley ahora establece que ese beneficio es para los productos.

Por otro lado, algunas oficinas de la DGI, agregó Aguerri, continúan solicitando la declaración de impuestos al 31 de diciembre, cuando en la ley quedó establecido que el sector productivo realizará sus declaraciones entre junio y julio.

En el primer cuatrimestre del año, la DGI registró una recaudación bruta de C$11,337.8 millones y el Impuesto sobre la Renta, IR, tuvo una participación del 54.9%, mientras que el Impuesto al Valor Agregado, IVA, tuvo una incidencia del 22.6%.

Por otro lado, Aguerri,dijo que en el caso de la DGA mantienen conversaciones con representantes del Banco Mundial, a quienes han planteado la necesidad de mejorar los pasos fronterizos, la tramitología y facilitación del movimiento de mercancías.

La Ley Tributaria, aprobada en diciembre y en vigor desde enero, busca combatir la evasión de impuestos y ampliar el número de contribuyentes, según han dicho funcionarios de Gobierno.