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En las empresas en que la Seguridad Operacional se toma en serio como un valor empresarial, como un imperativo de negocios, existe lo que se denomina Autoridad de Parada de Trabajo Inseguro, el cual es una prerrogativa de cualquier persona dentro de la empresa, para detener cualquier labor que tenga un peligro inminente para la integridad de las personas, medio ambiente o activos organizacionales.

Esto no solamente tiene que ver con el derecho individual a detener el trabajo con peligro claro, evidente y sin control, sino también, con el rehusarse en forma personal a efectuar alguna tarea que sea visiblemente peligrosa y para la cual no exista una adecuada administración y control de peligros o medios de protección para evitar una lesión o fatalidad personal.

En inglés, esto es conocido como el Stop Work Authority (SWA) y es además de un deber moral con el cual se empodera al personal de todos los niveles, una práctica operacional que tiene una verificación de cumplimiento positiva.

Cuando este derecho se pone en práctica, cuando existen las condiciones culturales en las empresas para facultar al personal, vendrán entonces beneficios muy notorios debido a que es un recurso preventivo de última instancia, el cual puede hacer que los accidentes puedan ser evitados en el minuto final.

En Nicaragua son pocas las empresas con este privilegio, generalmente, con un performance envidiable en Seguridad. En las que no tienen esta práctica, existe un alto costo de decir no al realizar un trabajo peligroso no controlado. Muy probablemente la consecuencia pueda terminar en un despido, sanción, o bien, en una amonestación, cuando menos.

Pero, entonces, surge más allá de este deber y derecho moral, la ley específica. La normativa vigente (Ley 618) señala en su arto 18, numeral 13, Obligaciones del Empleador, “Suspender de inmediato los puestos de trabajo, que impliquen un riesgo inminente laboral, tomando las medidas apropiadas de evacuación y control”. También el arto 326 establece como infracciones muy graves, el hecho del no cumplimiento de las disposiciones de la ley que causen daños en la salud o produzca la muerte, y entre ellas, el inciso (b) “No paralizar ni suspender de forma inmediata el puesto de trabajo o máquina que implique un riesgo inminente para la higiene y seguridad de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización”.

La ley mencionada protege este derecho, el cual puede ser difícil de ejercer por el trabajador debido a las características socio-económicas de nuestro país, no obstante, es imperativo que en las empresas, las gerencias puedan tomar conciencia de la necesidad de poner en vigencia esta obligación del empleador como una práctica operacional, ya que indudablemente redundará en un ambiente de trabajo más seguro, en donde pueda hacerse realidad el mensaje que la Seguridad Operacional es algo vivo y beneficioso y no un dudoso slogan más. Llevar a la práctica esta prerrogativa exige un cambio cultural, una verdadera visión y compromiso gerencial.

 

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