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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, introdujo ayer ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad parcial contra la ley de escáneres, que grava con el 0.26% las mercaderías de importación y exportación, e impone nuevos cobros al transporte que ingresará a Nicaragua.

El recurso se opone a los artículos 6,7 y 9 de la Ley de Concesión de los Servicios de Inspección no Intrusiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional, porque violentan varios artículos de la Constitución, sostuvo Aguerri.

El artículo 6 de la ley crea una tasa de seguridad aduanera y el 7 establece el cobro de 0.26% sobre la mercadería importada y exportada, así como un impuesto de US$15 para los vehículos que ingresen a Nicaragua en calidad de tránsito internacional, transporte colectivo y bajo régimen de zona franca o contenedor.

Mientras, el artículo 9 de la ley señala que los cobros serán efectivos cuando se instalen los servicios de inspección.

Representantes del Gobierno han dicho que esos equipos se instalarán el próximo año y que hay disposición de revisar la ley y modificarla, para no afectar al sector privado.

Por su parte, Aguerri sostuvo en un comunicado que la ley, publicada en La Gaceta el 28 de junio, disfraza los nuevos impuestos como “un cobro de servicio de seguridad aduanera”.

 

La empresa

La empresa panameña Alvimer Internacional obtuvo del Gobierno una concesión de 15 años para brindar los equipos y servicios de seguridad que se establecen en la ley de escáneres.

La Asamblea Nacional aprobó la ley el pasado 13 de junio.