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Antes de comprar un bien, una de las primeras condiciones que debe revisar el consumidor, además del precio, es la garantía. Esta consiste en la obligación que tiene el proveedor de asegurar el uso y goce pacífico de la cosa vendida. La mayoría de las personas, ve en la garantía una obligación de parte del proveedor, que nace a partir del descubrimiento de un defecto del bien, y que le otorga el derecho al consumidor de obtener una reparación gratuita, reemplazo del bien o incluso devolución del dinero pagado por este.

La Ley 842 exige que los términos y condiciones de la garantía consten por escrito, y que al menos deben especificar nombre y dirección exacta del establecimiento, descripción precisa del bien, fecha de compra y entrega del producto, duración de la garantía y riesgos que cubre. Es esta una exigencia trascendental en la relación de consumo, pues en Nicaragua se acostumbra a disponer únicamente el tiempo de garantía reflejado en la factura, y esto, lejos de afectar al consumidor va en detrimento del empresario, quien queda obligado a responder por cualquier mal funcionamiento del bien por no haber especificado en qué consistía su garantía.

Es importante destacar y puntualizar que no sólo el consumidor adquiriente (consumidor jurídico) puede reclamar la ejecución de la garantía en caso que el bien presente defectos, perfectamente lo puede hacer el que usa el bien (consumidor material), aunque no lo haya comprado. Así, una persona que recibe de regalo un celular, y este presentara defectos dentro del período de garantía, puede reclamar la reparación gratuita.

En cuanto al tiempo de duración, la práctica en Nicaragua refleja que en muchos casos, los empresarios le trasladan al consumidor un tiempo de garantía inferior al que ellos reciben del fabricante, y la Ley exige que el plazo de duración mínima está subordinado precisamente a la garantía de fábrica, por ende, el consumidor, no debe leer únicamente lo que dice la factura en relación con su garantía, sino que es indispensable que lea las condiciones del fabricante, que por lo general se encuentran guardadas y empacadas junto con el producto, y estas, en caso de ser condiciones mejores y superiores prevalecerán sobre las que le había trasladado el comerciante.

En algunos casos, la Ley fija un término de duración mínima de garantía, por ejemplo, los proveedores de vehículos automotores nuevos deben extender una garantía mínima de tres años o cien mil kilómetros, lo que ocurra primero, sin embargo, cuando la garantía de fábrica sea más favorable al consumidor, esta prevalecerá y, en caso que la garantía de fábrica sea menor a los tres años establecidos por la Ley, el proveedor únicamente se encuentra obligado a ofrecer esos mismos términos que recibe del fabricante.

Cuando el bien adquirido por el consumidor presente algún defecto, este debe reclamar primeramente ante su proveedor, y si este no satisface su petición, puede acudir a la Dirección de Protección al Consumidor. El tiempo que un bien permanezca en poder del proveedor para su reparación, no se cuenta dentro del plazo de la garantía, es decir, que esta se extiende exactamente por el mismo tiempo que haya pasado en las manos del proveedor.

Finalmente, resulta indispensable aclarar, que el consumidor pierde sus derechos cuando se compruebe que el defecto proviene del uso indebido del bien, por ende, un consumidor responsable, debe leer cautelosamente el manual de usuario y atender fielmente las indicaciones de uso transmitidas por el empresario.