Jorge Eduardo Arellano
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La política social en Centroamérica

Mientras la política económica establece los mecanismos para la generación de la riqueza, la política social debe regular la distribución de la riqueza generada, además de crear las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos participen libre y efectivamente en la sociedad a la que pertenecen.

En los últimos años, en Centroamérica han aumentado, con diferente intensidad, los recursos destinados a ejecutar la política social. Sin embargo, la mayor parte de dichos recursos se ha orientado a la educación --primaria, principalmente-- y a la salud, descuidando otras áreas sociales de vital importancia.

De tal forma que el impacto en el bienestar social --medido de forma aproximada por el Índice de Desarrollo Humano (IDH)-- ha sido positivo pero debe calificarse de insuficiente, pues en la sociedad centroamericana prevalecen, además de una elevada desigualdad en la distribución de la riqueza, un significativo grupo de ciudadanos sin acceso a educación, salud, saneamiento, vivienda y empleos dignos.

Seis son los principales elementos que provocan la baja efectividad de la política social: 1) Debido a bajas cargas tributarias, no se han asignado suficientes recursos para su ejecución, lo que ha provocado una importante deuda social. 2) Existe muy poca articulación entre los planes y estrategias de los distintos sectores que componen la política social. 3) La carencia de una visión de Estado se hace evidente cuando, en muchos casos, los gobiernos al recién llegar al poder declaran que todo lo anterior está mal, y comienzan a diseñar sus propios planes, los cuales pueden llegar a sacrificar dos o tres años de gobierno.

4) La puesta en marcha de programas sociales de focalización, que no solo desalientan a los grupos que quedan fuera, sino que, en muchos casos, provocan relaciones de clientelismo y corrupción. 5) La preferencia política por el corto plazo hace que los gobernantes dediquen mayores recursos a programas sociales de resultados inmediatos, olvidándose de los proyectos de mediano y largo plazo que pueden potenciar el bienestar social. Y, 6) La ausencia de indicadores que permitan evaluar el resultado de las acciones emprendidas y corregir las fallas en la política social implementada.

La sociedad centroamericana está obligada a asumir el reto de construir una política social que permita edificar Estados más democráticos e incluyentes y, es indudable que esto requerirá de reformas fiscales que aumenten la progresividad del sistema impositivo y planteen, para el gasto público, metas y resultados cuantificables en el tiempo.