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Siempre es oportuno recordar, que las leyes de protección al consumidor y usuario, nacen a partir de las prácticas abusivas por parte de los empresarios, y la finalidad de las mismas es procurar cierto equilibrio en las relaciones, que en algunas situaciones se logra y en otras no. En el caso de los cobros abusivos que en muchos casos desarrollan los empresarios que se dedican a la actividad financiera, existen ciertas prohibiciones encaminadas a proteger al consumidor.

Así, según la Ley 842, los proveedores tienen prohibido emplear métodos de cobranza que causen intimidación, que afecten la buena reputación del consumidor y la privacidad de su hogar, asimismo, no se deben utilizar mecanismos que afecten las actividades laborales de este o su imagen frente a terceros. Ejemplos específicos de algunas formas ilegales de cobro son: a) Realizar gestiones, visitas o llamadas telefónicas entre las seis de la tarde y las siete de la mañana, así como los días feriados, domingos y en el caso de los sábados, después de mediodía; b) Poner en conocimiento de cualquier manera a terceros ajenos a la obligación sobre la situación del consumidor deudor.

No obstante lo anterior, las prohibiciones mencionadas no son absolutas, en vista de que existen muchas instituciones financieras con distinta regulación. Básicamente se puede decir que el sector financiero es regulado principalmente por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) y en menor medida la Dirección de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Diprodec). De forma tal, que el consumidor que enfrenta algún problema con una institución financiera debe proceder a identificarlas y posteriormente investigar cuál es el órgano regulador, para tal fin, se pueden visitar los sitios web de la Siboif y Conami y determinar qué instituciones regula cada órgano. Así, las financieras no reguladas por ninguno de los órganos mencionados se encuentran dentro del marco de competencia de la Diprodec.

En este caso, determinar quién regula a un proveedor en específico, indica el régimen jurídico aplicable y ante quién y en qué circunstancias se puede reclamar. Un ejemplo clásico de lo expresado, se presenta en los cada vez más comunes cobros que se desarrollan por medio de carteles o referencias al estado de un consumidor deudor utilizando cualquier forma de comunicación masiva. Es esta una práctica prohibida por la Ley 842, y por esa razón, las instituciones reguladas por la Diprodec tendrán que respetar tal disposición, sin embargo, la Norma Sobre Protección al Usuario que aplica la Conami permite a las instituciones que supervisa, publicar en diarios de publicación nacional los nombres de deudores y fiadores de los principales créditos en mora, asimismo, a las instituciones reguladas por la Siboif también les es permitido publicar el estado moroso de algunos clientes.

En consecuencia, el derecho a la privacidad puede verse vulnerado, pero el mayor problema de esta situación es la regulación distinta de cada sector, en vista que esto se traduce en trato diferenciado a los consumidores del país, porque la norma va a ser aplicada en dependencia de quién sea el proveedor del crédito, lo que a simple vista significa una rotura del principio de igualdad.