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Es difícil afirmar con precisión a qué tiempo se circunscriben las primeras reglas jurídicas entre productores y consumidores. Sin embargo, a pesar de ser muy antiguas, se puede hacer referencia a algunas que resultan destacables; ejemplo de ello es lo dispuesto en la Santa Biblia: “Tendrás un peso justo y exacto, e igualmente una medida justa y exacta para que se prolonguen tus días en la tierra, que Yavé, tu Dios, te da, porque Yavé aborrce al que no hace tales cosas y a toda injusticia” (DT. cap. 25 vers. 15-16). Esta disposición bíblica es realmente importante y ajustada a la realidad si tomamos en cuenta que las prácticas engañosas normalmente están referidas al peso o la medida.

Un buen ejemplo de lo descrito se presentó en el gremio panadero, que en la Edad Media comúnmente engañaba al consumidor reduciendo el peso del producto, aunque en algunas ocasiones la harina era adulterada con sedimentos de guisante seco o habas. Para este tiempo (1202), las penas aplicables no respetaban en modo alguno la dignidad humana, por eso, a quienes reincidieran en las faltas se les ponía en un cepo y se les dejaba ahí al menos una hora. Un castigo como ese resulta inconcebible en la actualidad, no sería permitido por los instrumentos internacionales de reconocimiento de los derechos humanos; de igual manera, no encajaría si tomamos en cuenta los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, en la que el eje fundamental es la dignidad humana, y por ende, existen límites al actuar de las instituciones de la administración pública, que deben tratar a los administrados como sujetos y no objetos.

Es por esa razón que las leyes de protección al consumidor han adoptado una serie de sanciones económicas para reprimir conductas, porque no basta con la prohibición (supuesto de hecho) para que la norma sea eficaz; en este sentido es indispensable una consecuencia aplicable para el infractor. Así, haciendo un breve recorrido en el régimen jurídico aplicable en algunos países, encontramos que en El Salvador, al igual que en Nicaragua, las conductas están clasificadas en infracciones leves, graves y muy graves, y las sanciones en los casos más graves (afectación a la salud, intereses difusos o colectivos) pueden llegar a ser hasta de ochenta mil dólares.

En Panamá, la institución competente puede aplicar desde amonestaciones hasta sanciones económicas de veinticinco mil dólares. Resulta llamativo en este país que, en el caso de una infracción que no tenga aparejada una multa específica, se castiga con diez mil dólares. En este particular, en Nicaragua, cuando se comete por primera vez una conducta que infringe la ley sin que exista una graduación en el régimen de sanciones, lo que procede es una amonestación.

Ahora bien, en Nicaragua las multas para infracciones leves pueden ser de ciento cincuenta dólares, y en el caso de existir una conducta muy grave que ponga en riesgo la salud, puede ser valorada hasta por un aproximado de ochenta mil dólares. Ejemplo de conductas muy graves son: 1) suministrar o vender productos adulterados o falsificados; 2) no suministrar información sobre los productos potencialmente peligrosos o riesgosos para la salud; 3) ofrecer productos vencidos; y 4) la utilización de cláusulas abusivas en los contratos por adhesión.

Después de ver de forma general el régimen sancionador, es preciso destacar que lo contemplado en la Ley 842 es equiparable a lo determinado en El Salvador y Panamá. En países como Costa Rica y Guatemala, se disponen sanciones económicas un poco más bajas.