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En varios países de América Latina, la disposición de proteger al consumidor tiene su arraigo en la Constitución; ejemplo de ello son Argentina, Costa Rica y Brasil. Sin embargo, si de algo carecía la Constitución en Nicaragua, era de un artículo específico que expresara sobre la protección al consumidor.

Tras el proceso de reformas a la Carta Magna, el régimen jurídico de protección al consumidor ha tomado firmeza. Ahora se hace referencia a una protección directa y otra indirecta; asimismo, se habla de consumo responsable.

Cuando se habla de protección indirecta al consumidor, normalmente se refiere a aquellas leyes que procuran la libre, leal y sana competencia entre los agentes económicos. En Nicaragua, esta forma de protección indirecta se materializa por medio de la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia, cuyo objeto es promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas. En algunos países, temas como el derecho de la competencia y consumo se enmarcan en una misma ley, tal es el caso de Panamá. En Nicaragua, estas dos áreas se desarrollan a través de distintos instrumentos jurídicos.

Por otro lado, nuestra Carta Fundamental dispone con claridad en su articulado que el Estado garantizará la promoción y protección de los derechos de los consumidores y usuarios a través de la ley de la materia. Es esta la denominada protección directa adoptada por nuestra Constitución, y significa un paso importante si tomamos en cuenta que antes se carecía de esa disposición constitucional expresa que comprometiera al Estado a proteger a los consumidores por medio de las instituciones correspondientes.

Ahora bien, para lograr una efectiva protección al consumidor es indispensable que exista la protección directa e indirecta, independientemente de que sean o no parte de una misma ley. En este caso, tanto la Ley de Promoción de la Competencia como la Ley de Protección al Consumidor juegan un rol fundamental en el proceso de combatir los abusos que pueden cometer aquellos empresarios que ostentan gran poder de mercado, son herramientas para controlar el poder privado.