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Entre US$15 y US$30 millones podría desembolsar este año el Gobierno de Nicaragua para pagar la indemnización de los 107 casos de propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos y que aún están pendientes por resolver. El procurador general de la República, Hernán Estrada, dijo que el Estado ya ha pagado alrededor de US$447 millones a 4,168 ciudadanos norteamericanos que fueron indemnizados por la confiscación de sus propiedades. “Solo nos hace falta el 3% del total de reclamos por resolver y esperamos finalizar este año, por eso estamos haciendo un llamado a los afectados para que acudan a un proceso de mediación”, invitó Estrada. La solvencia alrededor de este tema le permitirá al Estado una dispensa de Estados Unidos para tener acceso a préstamos y fondos de cooperación bilateral.

 

Pendientes 107 casos de propiedades

El gobierno de Nicaragua espera resolver este año los 107 casos de propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos y que aún están pendientes de recibir su indemnización, los cuales representarían entre US$15 millones y US$30 millones, dijo Hernán Estrada, procurador general de la República.

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“Este año esperamos concluir definitivamente con toda esa tarea y para eso estamos invitando a todos los reclamantes estadounidenses, los 107 pendientes y que representan 178 casos, para que vayan al proceso de mediación y arbitraje que hemos estado trabajando con los empresarios”, señaló Estrada al concluir un encuentro con los directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep.

Indemnizaciones

Estrada explicó que 4,168 ciudadanos norteamericanos ya han sido indemnizados por estos casos y que el costo económico que estos casos han representado al país ha sido de US$447 millones.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, manifestó que el cumplimiento de estos reclamos de parte del gobierno es positivo para obtener el waiver o dispensa que Estados Unidos otorga año con año al país.

“Aquí se está cumpliendo con los reclamos producto de las confiscaciones a ciudadanos nicaragüenses que se convirtieron en americanos, y eso es positivo en función de que los recursos de los cooperantes y de los organismos multilaterales sigan fluyendo como han estado fluyendo”, indicó Aguerri.

El waiver o dispensa, de un año de duración, es una excepción a la aplicación de la disposición legal que prohíbe la ayuda bilateral de Estados Unidos y su apoyo para el otorgamiento de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales, a aquellos países donde los ciudadanos estadounidenses no hayan recibido del gobierno local una indemnización adecuada y efectiva por sus reclamos de propiedades confiscadas, como el caso de Nicaragua.

Mediación

El procurador general de la República dijo que la meta del gobierno es indemnizar a todos los reclamantes en este año y para eso, indicó, es necesario que los mismos acudan a los centros de mediación y arbitraje.

“Si todos los reclamantes llegan (este año) al centro de mediación, estoy seguro de que todo quedará resuelto”, dijo Estrada.

El dirigente del Cosep expresó que si los reclamantes quieren utilizar el mecanismo de arbitraje internacional, que lo hagan. “Todos estos mecanismos están abiertos, la mediación, el arbitraje y el arbitraje internacional, que los utilicen porque lo que queremos es salir de esto lo más rápido posible”, explicó Aguerri.

 

“Le estamos pidiendo la ayuda al Cosep para que este tema (waiver) ya no esté en agenda en los próximos años a la hora de buscar recursos.”

Hernán Estrada, Procurador general de la República