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Cuando se habla del derecho a representación que tienen los consumidores y usuarios, se incluyen tanto los intereses individuales como los colectivos. Las técnicas de mercadotecnia que se han venido desarrollando en el mercado, han causado impactos sobre los derechos del consumidor, por ende, es absolutamente consecuente la necesidad de representación que existe en relación a los intereses individuales y colectivos de los consumidores o usuarios.

Muchos temas afectan al consumidor: salud, construcción, alimentos, tarifas de servicios públicos, regulación de precios, calidad de productos, pesas, medias y leyes que promueven la libre competencia. Sucede que en la mayoría de los casos, el consumidor no podrá medir el impacto de cada uno de estos temas; por eso, es necesario que existan organizaciones no gubernamentales que velen por los intereses de los consumidores frente al poder de mercado y a la actividad del Estado.

Existe una tendencia mundial de formación de asociaciones de consumidores. Por definición, esta es una agrupación civil que congrega a consumidores y usuarios que persiguen defender y difundir sus derechos, decidiendo para tal fin reunir esfuerzos. En otras palabras, si uno de los asociados llegase a tener un conflicto con un empresario, la asociación podría representarlo.

En Nicaragua, según la Ley 842, las asociaciones, además de constituirse conforme a la Ley 147, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, deben inscribirse ante la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec). En realidad, una asociación puede desarrollar funciones independientemente se registre o no en la Diprodec; el detalle estriba en que esta organización no tendrá legitimación para representar los intereses colectivos o difusos de los consumidores. Dicho esto, es preciso afirmar que la Diprodec debe otorgar un certificado de inscripción a las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 842. Este certificado es el que les permitirá hacer peticiones y formular reclamos en nombre de los consumidores ante las autoridades competentes. Por ejemplo, si se tuviera conocimiento que un empresario está desarrollando prácticas abusivas contra los usuarios, la asociación de consumidores podría solicitar a la Diprodec o institución competente, además de la sanción, el cese de dicha conducta, y ser parte activa en el procedimiento, representando a los consumidores y aportando pruebas.

No obstante, con lo anterior, aunque no pueda ser parte activa en un procedimiento, las asociaciones pueden denunciar el actuar de un empresario cuando se considere que este infringe la ley, o bien impulsar campañas que promuevan los derechos de los consumidores.

En América Latina, un buen ejemplo del gran impacto que podrían tener las asociaciones de consumidores, lo ha dado la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), en su campaña contra la discriminación en locales públicos. En este caso, conocidas discotecas de Lima fueron denunciadas por Aspec, porque desarrollaban prácticas discriminatorias; impedían el ingreso de algunas personas por no tener ciertas características físicas. Fue tanta la presión, que se terminó dictando una ley que prohibió expresamente ese tipo de prácticas.

 

"En este particular, cabe señalar, la Ley 842 dispone el principio de igualdad y no discriminación: expresa que los consumidores deben ser tratados en condiciones de igualdad".