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Una nueva iniciativa de ley fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, a través de la cual se pretende autorizar la creación de sociedades financieras de inversión para financiar actividades económicas, comerciales y productivas del país, según consta en el documento.

Las sociedades financieras de inversión deberán constituirse en forma de sociedades anónimas y tener un capital inicial no menor de C$300 millones, precisa el texto de la iniciativa denominada, Ley de Sociedades Financieras de Inversión.

Estas sociedades podrán financiar proyectos de los sectores energético, inmobiliario, infraestructura vial y desarrollo municipal, entre otros.

Las sociedades anónimas, que estarían inmersas como nuevos agentes económicos en el mercado de capitales, serían reguladas, supervisadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, Siboif.

Los recursos con los que trabajarán las sociedades financieras será propio o podrán adquirirlo mediante obligaciones contraídas con entidades del país o del exterior.

No importa el plazo

La iniciativa fue enviada al Ejecutivo, a inicios de marzo, por el presidente de la Siboif, Víctor Urcuyo.

“No sé si antes de la Revolución del 79 ya operaban este tipo de sociedades, pero me aventuro a afirmar que desde entonces no se han operado este tipo de figuras”, señaló a El Nuevo Diario, Gerardo Argüello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua.

La iniciativa de ley expone en sus considerandos, que se necesita propiciar la creación de este tipo de instituciones especializadas para apoyar el desarrollo de proyectos, independientemente del plazo.

Los financiamientos de la ley, que consta de siete capítulos y 22 artículos, podrán ser colocados de forma directa o a través de los intermediarios financieros supervisados por la Siboif.

Las nuevas sociedades, además, tendrían oportunidad de invertir en valores y recibir recursos de inversionistas para ser administrados por ellos.

Como toda actividad, la iniciativa deja claro que les es prohibido otorgar créditos que sean menores a los US$3 millones.