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La mayoría de los consumidores nicaragüenses, para poder adquirir ciertos electrodomésticos y muebles para el hogar, tienen que recurrir a la compraventa al crédito, pues comúnmente se carece de la disponibilidad para adquirir de contado el bien. En realidad, esta modalidad de compra ha sido, hasta cierto punto, una solución para muchas personas; sin embargo, varios empresarios se han

venido aprovechando de la necesidad que el consumidor evidencia y les ofrecen supuestamente facilidades de pago, cuando en realidad el consumidor lo que termina asumiendo es una deuda absolutamente desproporcionada, si tomamos en cuenta el bien adquirido y el valor de contado del producto.

Ante las precisiones realizadas, en principio, diré que todo consumidor debería optar por el ahorro. No obstante, si desea adquirir cualquier bien al crédito, debe observar la diferencia que existe entre el  precio de contado y el precio al crédito, porque en muchas ocasiones concluirá que la cantidad que pagará al crédito significa hasta tres veces el valor de contado del bien. En este sentido, la Ley 842 dispone deberes de información mínima a los empresarios que veden a plazos, estos tienen que transmitirle al consumidor lo siguiente:

 

1) el precio de contado y al crédito del producto;

2) el valor del pago inicial o prima;

3) la tasa de interés aplicada sobre el saldo, así como la tasa de interés moratoria, la que nunca deberá aplicarse a la totalidad del crédito;

4) monto total de intereses y demás cargos a pagar. Es indispensable mencionar que cuando la Ley dispone que se debe exponer el monto total de intereses y demás cargos a pagar,

pretende combatir las prácticas engañosas de varios empresarios que imponen tasas de intereses enmascaradas por gastos administrativos, comisiones u otros cargos no advertidos

previamente.

Ahora bien, no solo se trata de transmitir previamente la información completa al consumidor, el empresario debe respetar ciertos límites en su actividad de venta a plazos; por ejemplo, la tasa de interés  máxima aplicable a estas operaciones, es la tasa de interés hasta de dos veces la tasa promedio ponderada que cobren los bancos, según información publicada por el Banco Central de Nicaragua. Además,

no deben establecerse cargos adicionales que de alguna manera alteren la tasa de interés pactada y permitida.

Para los casos que el empresario infrinja los preceptos expuestos, y el consumidor firme y acepte esas condiciones contrarias a la ley, es trascendental tomar en cuenta que la ley es de orden público e interés social. Los derechos que confiere son irrenunciables, por ende, prevalecen sobre cualquier pacto en contrario, así, para cualquier estipulación que la contravenga, se establece la nulidad de pleno derecho.

Por último, es indispensable apuntar que la actividad financiera se encuentra regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif), la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) –a través de la Dirección de Protección al Consumidor (Diprodec)–; las disposiciones expuestas en la ley y relacionadas en el

presente artículo se aplican exclusivamente a esas instituciones que no tienen regulación especial. En este sentido, la ley expone que la Diprodec velará por la protección de los intereses económicos de los usuarios de servicios financieros que no estén regulados por la Conami ni por la Siboif.