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Básicamente, se puede decir que una vez que la Dirección de Protección al Consumidor (Diprodec) recibe un reclamo de parte de un consumidor, esta lo analiza y abre a pruebas el caso. Finalmente, dicta resolución, favoreciendo al consumidor o dándole la razón al empresario. Como consecuencia, si hay una parte que no se encuentra conforme con lo resuelto, puede hacer uso del sistema de recursos, con la finalidad de impugnar la decisión del órgano. Un sistema de recursos a disposición de los ciudadanos es imprescindible en un Estado Social de Derecho; por otro lado, nuestra Constitución Política establece que todo procesado tiene derecho a recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su situación sea revisada.

Es importante destacar que en Nicaragua no existe una norma de procedimiento administrativo común y, por tal razón, existen tantos procedimientos como instituciones; por eso es deber informarse sobre la norma aplicable para cada caso. Los recursos que dispone la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, son aplicables únicamente cuando se trate de un procedimiento desarrollado ante la Diprodec. Aclarado esto, es preciso definir que los recursos que se pueden interponer frente a las decisiones de la Diprodec son el de revisión y el de apelación.

Una vez que las partes son notificadas de la resolución de la Diprodec, si alguna no está de acuerdo, puede interponer el recurso de revisión, para lo que tiene tres días hábiles posteriores a la notificación. La Diprodec, después de poner en conocimiento el recurso a la otra parte, tiene cinco días hábiles para resolver. El escrito de interposición de revisión, al menos, debe indicar con claridad el nombre del recurrente, su domicilio, resolución que se impugna, motivos y lugar para recibir notificaciones.

Respecto del recurso de revisión, muchos son los expertos en derecho administrativo que han criticado la existencia de este medio de impugnación, resaltando que difícilmente un funcionario revoque su misma resolución, pues se juega su prestigio.

De la resolución del recurso se puede interponer el recurso de apelación ante la Diprodec en el plazo de tres días hábiles después de notificada la decisión de la revisión; esta dirección tiene que remitirlo al ministro de Fomento, Industria y Comercio, quien es el superior jerárquico. En este punto se agota la denominada vía administrativa. Si aún la parte recurrente no está de acuerdo con lo resuelto y considera que el acto administrativo vulnera derechos fundamentales o el marco de la legalidad, bien puede recurrir de amparo o accionar por la vía de lo contencioso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia, quien es la facultada para revisar las actuaciones de las instituciones de la administración pública.

Es indispensable reiterar que cuando se habla de protección al consumidor, existen varios entes reguladores, por lo que resulta necesario informarse sobre cada una de las normas que se aplican en dichas instituciones, a fin de identificar cuáles son los recursos que se pueden utilizar. Ahora bien, a falta de una norma específica que determine qué recursos se pueden interponer, se debe consultar la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, pues en ella se refiere a los recursos de revisión y apelación.

 

 

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