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Normalmente, cuando se habla de interpretación más favorable se piensa en el denominado “in dubio pro consumidor”, afirmación que resulta correcta si partimos del hecho de que en una relación de consumo el empresario es el que dicta las reglas del juego y el consumidor se somete a esas condiciones, es decir, el empresario predispone las condiciones bajo las cuales se desarrollará el contrato. Ante esta situación tienen que materializarse formas de control y de interpretación de las cláusulas, que se encuentren acorde con la realidad que supone la contratación por adhesión, la cual surge por la necesidad de imprimir rapidez a la formalización de contratos, en vista de que “el comercio masivo de bienes y servicios no tiene la paciencia y el tiempo para negociar plenamente cada relación jurídica que entabla con sus consumidores y usuarios”.

El fundamento base es que las cláusulas que resulten dudosas, contradictorias o ambiguas no puedan terminar beneficiando a aquel que causó la dificultad de interpretación. De esta forma, la interpretación debe hacerse a favor de la parte que no participó en la redacción de las condiciones, es decir, al consumidor que las aceptó.

En el sentido expresado, la Ley 842 es clara y dispone que las cláusulas contractuales sean interpretadas siempre de la manera más favorable a los consumidores o usuarios. En realidad, esta disposición no es novedosa, en vista de que esa misma forma de interpretación se consignaba en la Ley 182.

Lo que si resulta novedoso es el denominado principio pro consumidor, que consiste en que el Estado está obligado a aplicar la norma más favorable a las personas consumidoras y usuarias, en los casos que haya ambigüedad entre las normas o dudas de interpretación. Es decir, anteriormente se aplicaba el principio de interpretación más favorable al consumidor dentro de los contratos, pero el legislador por medio de la Ley 842 ha extendido esa forma de interpretación en el caso de dudas y ambigüedades a nivel de normas, por lo que se deduce que todas las instituciones encargadas de proteger al consumidor en su mercado correspondiente deben aplicar la norma que más lo favorezca.

Parece muy difícil que esto vaya a funcionar de esa manera, porque en muchos casos las instituciones competentes de proteger al consumidor en su mercado específico no solo aplican la Ley 842, sino las propias de su sector. Por ende, en la mayoría de las situaciones se podría suponer que se inclinarán por aplicar las leyes específicas; no obstante, es indispensable que el consumidor tenga pleno conocimiento del principio descrito, pues es quien debe exigir su aplicación.

El mayor problema de la aplicación del principio “pro consumidor” es que a nivel de normas se puede encontrar en varios sectores, tales como energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y servicios financieros que disponen de todo un sistema jurídico compuesto por leyes, reglamentos y normas especiales.