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La educación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de Nicaragua. También es una de las piezas elementales en el sistema de protección al consumidor, pues, en este caso, no se busca solucionar conflictos que nazcan en una relación de consumo, lo ideal sería dotar al consumidor de la educación adecuada para que se constituya en un consumidor razonable.

La Ley 842 dispone que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Universidades, con el fin de promover la cultura de consumo responsable y sostenible, deberá formular programas de educación e información sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias, con el objetivo de capacitar a los y las jóvenes para que puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y servicios a consumir, y así tengan conciencia sobre sus derechos y responsabilidades. La educación de las personas consumidoras o usuarias debe ser parte integrante del sistema educativo a todos los niveles.

A partir de ese mandato, se infiere que la educación en materia de consumidores se divide en dos grandes esferas: 1) regulación jurídica; 2) consumo responsable y sostenible. Ahora bien, no se puede imponer un programa, en vista que significaría una transgresión a la libertad de cátedra.

Por otro lado, la ley es clara y especifica que la educación en materia de consumo debe ser parte integrante en todos los niveles. En realidad, este no es un dato menor, pues en varias universidades no se imparte la materia de derecho del consumidor en el plan de pregrado, únicamente se desarrolla en postgrado; esta situación representa una verdadera debilidad en el sistema y arroja a luz la poca importancia que se le ha dado al tema.

Al hacer un recorrido a nivel centroamericano con la finalidad de determinar el reconocimiento del derecho a la educación de los consumidores, se puede comprobar que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Nicaragua tienen incorporado en su legislación el derecho mencionado; sin embargo, según un estudio realizado por el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor, Honduras aún no ha incorporado el derecho citado a su sistema jurídico de protección al consumidor.

A pesar de que la ley y la Constitución disponen que la educación es una tarea del Gobierno, es en esta esfera en la que deben desarrollar su mayor rol protagónico las asociaciones de consumidores, especialmente aquellas que tienen representaciones en varios departamentos.

En el caso de Nicaragua, el legislador le ha dado tanta importancia al tema que, incluso en materia de servicios financieros, se ha creado una Comisión que será presidida por el Banco Central de Nicaragua (BCN) e integrada por los delegados técnicos de otras instituciones, tales como la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Comisión Nacional de Microfinanzas y la Dirección de Protección al Consumidor. Una de las principales misiones de esta comisión es desarrollar y dar seguimiento a planes, campañas y proyectos que la misma comisión defina en pro de la inclusión financiera, educación financiera y consumo responsable.

En el tema de la educación hay mucho camino por recorrer, pero al menos establecerlo en la Ley de Protección al Consumidor es un primer paso. Bien decía el ‘Legislador de Esparta’: “El primer objeto de un legislador debe ser la educación”.

 

"En el tema de la educación hay mucho camino por recorrer, pero al menos establecerlo en la Ley de Protección al Consumidor es un primer paso".