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Muchos usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica han optado por tratar de evadir los cobros que la empresa distribuidora de energía les debe hacer, principalmente lo hacen por medio de conexiones que evitan que la energía consumida pase por el dispositivo de medición, o bien, manipulando directamente el equipo de medición. En cualquiera de estos supuestos, estamos en presencia de energía sustraída.

Es importante aclarar, no debe confundirse con la denominada “energía no registrada”, pues cuando se utiliza ese término, se hace referencia a aquella energía que no ha sido medida correctamente por fallas técnicas del equipo de medición y que no conlleva responsabilidad alguna del consumidor o usuario. En este sentido, la Ley 661, “Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica”, claramente expone que una de las infracciones que la empresa distribuidora puede cometer, es precisamente “cobrar en concepto de energía no registrada, cuando el hecho sea por defectos en la lectura o en el aparato de medición”.

Ahora bien, la empresa distribuidora puede aplicar sanciones económicas a aquellos consumidores o clientes que se encuentren sustrayendo energía; sin embargo, para ello es indispensable respetar ciertas garantías. Comúnmente, la empresa distribuidora se hace presente en la casa o establecimiento y realiza una inspección con la finalidad de determinar conductas ilícitas de los consumidores; pero para poder hacer la inspección, es condición realizar una notificación previa, indicando las supuestas causas por las que se pretende realizar la inspección –con el objeto de que el cliente sepa cuáles son las actividades que desarrollarán–. Si no se llegase a comprobar que efectivamente se cumplió con el requisito señalado, esta podría ser una causa para impugnar todo el procedimiento utilizado para determinar la supuesta sustracción de energía.

Otro requisito importante que se debe cumplir, es el acompañamiento de un servidor público del Instituto Nicaragüense de Energía (INE). En este particular, la Ley 661 y sus reformas indican que si la inspección se realiza sin presencia del representante del INE, todo el procedimiento utilizado es nulo. Por otro lado, el consumidor le puede solicitar al delegado del INE que invite a alguna asociación de consumidores, todo en aras de procurar que sus derechos no le sean violentados.

En todo procedimiento de inspección, la ubicación de los equipos de medición es trascendental; estos deben estar en lugar visible, accesible y en el límite de la propiedad. Si cualquiera de los requisitos mencionados no es tomado en cuenta, el consumidor perfectamente puede atacar el procedimiento, porque es una exigencia impuesta al distribuidor de energía y porque se busca tutelar los derechos del consumidor.

Finalmente es valioso destacar, una vez que se determina la sanción económica, los vicios observados por el consumidor los puede alegar a través del recurso de revisión, que debe ser resuelta por la Dirección General de Electricidad del INE (tiene 20 días). Si aún el consumidor no se encuentra de acuerdo con la respuesta de este órgano, bien puede apelar; el Consejo de Dirección del INE debe resolver el recurso en un plazo de 30 días. Este es un dato importante. Si la institución no resuelve dentro de los plazos indicados, se aplica el silencio administrativo positivo, es decir, que el recurso se tendría por resuelto a favor del consumidor, siempre que su petición no sea ilegal.