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La protección de los intereses individuales, colectivos y difusos de los consumidores en muchos países ha sido encargada a instituciones de la administración pública cuya actividad está regulada por el derecho administrativo, y en el caso particular, la medida coercitiva para hacer valer la autoridad y reprimir algunas prácticas de los empresarios consiste en sanciones económicas; sin embargo, la relación fabricante-comerciante-consumidor genera un conjunto de intereses cuya protección es confiada al orden jurídico penal, caracterizado por su mínimo protagonismo, es decir, que interviene solo cuando es necesario, después de haber agotado otras vías y teniendo en cuenta que se trata de los atentados más graves. En realidad, este tipo de regulación resulta indispensable para lograr verdadera protección de intereses individuales como la vida y el patrimonio, así como de intereses colectivos.

De esta manera, el Derecho Penal, para cumplir la misión de proteger los intereses de los consumidores, recurre a los denominados delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Se puede decir que en el caso de este tipo de delitos, no se debe esperar a que el peligro se traduzca en un verdadero daño material, cumpliendo así una labor preventiva de protección.

En el caso de los denominados delitos de peligro abstracto, estos se presumen por la simple realización de la conducta, es decir, que el proveedor desarrolle la práctica aunque no afecte a ningún consumidor, por ejemplo, elaborar productos nocivos para la salud, sin la necesidad de que sean manipulados, adquiridos por alguien o consumidos. De la misma manera, la publicidad engañosa es considerada también como un delito de peligro abstracto, pues aunque el consumidor no llegase a comprar el bien o servicio bajo la modalidad de engaño, basta con que las afirmaciones que hace el empresario no sean exactas, comprobables y verdaderas.

Productos vencidos

Por otro lado, tenemos los delitos de peligro concreto; en estos supuestos, sí es necesario que se compruebe que efectivamente con determinada conducta se pone en riesgo la salud y la vida de los consumidores, por ejemplo, el caso en que el proveedor tiene a disposición del consumidor productos vencidos. Sin embargo, la situación no queda ahí, sino que además, aunque el consumidor no los llegue a ingerir, este los adquiere, causando un peligro inminente en la salud. Ahora bien, si los llegare a consumir causándole graves daños a la salud o hasta la muerte, entonces estamos en presencia de delitos de resultado material; no se trata ya de un peligro o amenaza, sino de un hecho, por eso habría que acudir a delitos tales como el homicidio o lesiones.

Por último, cabe recalcar que, en el caso de Nicaragua, la protección al consumidor se desarrolla por medio de las instituciones especializadas en dependencia del sector, es decir a través de los conocidos entes reguladores, que además de aplicar la norma que les corresponde, cuando tengan conocimiento de la comisión de algún delito dentro del marco de la función que desarrollan, deberán proceder a denunciarlo ante el Ministerio Público. Es decir, que las personas que desarrollen algunas conductas que afecten a los consumidores no solo serían sujetos de sanciones económicas, sino que, en dependencia de la gravedad y si la práctica se encuentra reconocida como delito, podrían ser procesados y obtener como resultado la privación de su libertad.