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El efecto negativo que provoca la actuación de la Dirección General de Ingresos, DGI, y la Dirección General de Aduanas, DGA, no solo atenta contra las empresas, sino que viola el principio de “seguridad jurídica” que debe prevalecer en el país, declaró ayer Henry Thompson, experto en temas aduaneros.

Thompson, también asesor en materia tributaria y aduanera del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, advirtió que los directores de la DGI y la DGA están obligados a cumplir las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, TATA.

“Todos los funcionarios del Estado tienen obligación del debido cumplimiento de las sentencias emitidas por los tribunales… No hay nadie por encima de la ley, pero el director general de Aduanas nos está diciendo: ‘Yo sí estoy por encima de la ley y voy a seguir estando por encima de la ley’, al incumplir las sentencias”, reiteró Thompson.

Denuncia

El Cosep, recientemente, denunció de manera pública los atropellos que están sufriendo los empresarios, uno de ellos, el incumplimiento por parte de estas instituciones a las sentencias que emiten el TATA y la CSJ, que benefician a los empresarios.

Algunas de las sentencias ordenan a la DGA, por ejemplo, restituir la garantía monetaria que pagó el empresario por la “duda de valor” que despertó la mercadería importada, dinero que prácticamente se va devaluando por el incumplimiento de la resolución.

“Cuando tú rendiste una garantía que eran US$10,000, por ejemplo, en córdobas, dos o tres años después, que más o menos es lo que dura una sentencia para que salga de la Corte, no son US$10,000, se deprimen sustancialmente… cuando se les ocurra cumplir con la sentencia, en vez de US$10,000 van a ser (como) US$2,000 (los que van a entregar)”, comentó Thompson.

Descapitalizan

Otra acción que va descapitalizando a las empresas, según Thompson, es la mercancía retenida por aduanas. El experto recordó que existe un caso de una empresaria originaria de León que hace cuatro años fue favorecida con una resolución de la CSJ, pero “todavía hoy la señora está esperando que le cumplan la sentencia”·

“Si queremos seguir atrayendo inversiones a Nicaragua tenemos que demostrar que, efectivamente, sí hay certeza y seguridad jurídica en el país… si constantemente estás metiendo a una empresa duda de valor, se rinde garantía (monetaria) por cada duda (ante la DGA) y con eso lo que hacen es que te descapitalizan”, advirtió Thompson.

Si una empresa no tiene su solvencia, no está autorizada para hacer sus importaciones o desaduanar sus productos.

Última instancia

El asesor del Cosep enfatizó que el último camino que tienen los empresarios para hacer valer sus derechos, una vez que recurrieron a las respectivas instituciones, como al TATA y la CSJ, es la Corte Centroamericana de Justicia.

“El problema es el tiempo que se pierde y el dinero que se gasta”, dijo.

Hasta el momento, ni la DGI ni la DGA han respondido a las denuncias de los empresarios.

3 años atrás, aproximadamente, comenzaron los problemas de los empresarios.

Seguí a la autora en Twitter: @almavidaurre