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Uno de los elementos esenciales del contrato es el consentimiento, que es básicamente la manifestación de voluntad o aceptación de determinadas condiciones; sin embargo, esta manifestación se puede ver afectada por algunos vicios, entre ellos, se encuentra el error.

Tal y como lo expresa el profesor nicaragüense Jairo Guzmán: “Cuando los contratantes actúan por error se rompe la unidad del mutuo consentimiento, al no corresponder lo que quieren con error a lo que querrían sin él”. En las relaciones de consumo suele suceder eso con mucha frecuencia, por ejemplo, cuando por medio de publicidad se ofrecen sesiones de depilación láser, cuyos supuestos efectos son permanentes; al pasar el tiempo la persona consumidora se percata que siempre necesita proceder a afeitarse.

Lo mismo sucede cuando se ofrecen vehículos con un rendimiento que supera los 70 kilómetros por galón, cuando en realidad muchos no pasan los 60 kilómetros. En estos casos, algunos empresarios han explicado que estos vehículos están diseñados para rendir lo que se dice, pero únicamente en carretera abierta, a velocidad constante y sin tantas pausas; no obstante, esa información relevante debe ser transmitida antes de que el consumidor manifieste su voluntad de adquirir el bien.

Ahora bien, los casos mencionados se refieren a supuestos en los que el empresario persuade e induce al consumidor a comprar por error, es decir, le hace pensar que el bien tiene determinadas características cuando en realidad no es así.

Son varios los panoramas donde el consumidor manifiesta su voluntad por error, y es una situación común, máxime si tomamos en cuenta que es la parte que naturalmente no tiene toda la información respecto de lo que compra o, en otros casos, precisamente por su falta de pericia le es imposible advertir algunos defectos que tiene el bien. Es este sentido, muchos de los expertos en la materia –Derecho del Consumidor– se inclinan por afirmar que dentro de las relaciones de consumo la gran mayoría de los defectos de funcionamiento que presente un bien, si no fueron apuntados o declarados por el vendedor, son ocultos; por supuesto, rayones y abolladuras son aparentes para cualquiera, por lo que no podrían calificarse como ocultos.

La Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, dispone que el vicio oculto es aquel defecto no evidente de un bien mueble o inmueble, preexistente al momento de la adquisición, descubiertos posteriormente y que de haberlos conocido la persona consumidora no habría comprado el bien o hubiese pagado menos. Ahora bien, para este supuesto, en los que se compruebe que el bien presenta vicios ocultos, el consumidor puede devolver el bien y reclamar la devolución del dinero pagado.

Es trascendental destacar que con la anterior ley el consumidor tenía el derecho de pedir la devolución, siempre que el bien tuviera vicios ocultos y estos disminuyeran su calidad o posibilidad de uso. En el caso de la ley actual, es suficiente la presencia de defectos ocultos, no importando si estos realmente alteran el funcionamiento del objeto.

 

 

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