Alma Vidaurre Arias
  •   Managua, Nicaragua  |
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El sector privado nicaragüense rechazó ayer la posibilidad de hacer un aporte económico para alimentar el fondo de prevención, atención y protección de víctimas del delito de trata de personas, aduciendo que este año las empresas están aportando “millones de dólares” a la economía, que antes no estaban pagando.

Por la vía del incremento del 1% en la cuota patronal que enteran al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, este año las empresas estarán aportando unos C$500 millones adicionales, “que no aportábamos el año pasado”, dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri.

Por la parte del incremento del salario máximo cotizable a los funcionarios del sector privado, en el rango de C$30,000 a C$55,000, están aportando al Estado otros C$100 millones, precisó Aguerri.

A través del incremento de US$35 a US$42 en el monto del impuesto de salida que cobra la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, EAAI, este año los empresarios están aportando US$7 más en cada boleto, que representan otros C$100 millones, agregó.

“Estamos hablando de millones de dólares que este año han salido de las empresas y de los funcionarios de las empresas, para el Estado; nosotros ya no podemos seguir sacando (dinero) para nuevos temas”, mencionó Aguerri.

Recordó que a través de la Ley para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, los empresarios aportarán en el primer año US$1 por cada quintal exportado.

El fondo contra la trata de personas requiere de US$1 millón anual, según los diputados, quienes discuten en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para frenar ese delito.

 

 

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