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Aunque cause cierto malestar al lector, debe tener claro que para la compra de una mascota es indispensable que tome más precauciones que cuando adquiere cualquier otro bien, en vista que se trata de un ser vivo para uso personal y doméstico.

Básicamente, al comprar una mascota, se pueden presentar dos inconvenientes para el consumidor: 1) que el animal no se encuentre sano; 2) que no sea de la raza que dice el proveedor. En Nicaragua, la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, no hace una especial referencia a este tema, no obstante, el consumidor debería ser foco de protección, tal como sucede cuando adquiere cualquier otro bien de naturaleza duradera. Pero no se debe pensar que aplican las mismas reglas, porque al tratarse de un ser vivo, este puede enfermarse o fallecer por razones no imputables al vendedor.

En algunos países, se han dispuesto una serie de obligaciones para los vendedores de animales, a saber: 1) vender los animales desparasitados y sin enfermedades; 2) otorgar un certificado veterinario que compruebe que efectivamente se encuentra desparasitado y haga referencia al estado de salud ; 3) entregar factura de compra; 4) otorgar garantía para comprobar que no existen lesiones ocultas; 5) extender garantía con la finalidad de proteger al consumidor de cualquier disconformidad, por ejemplo, el caso en que el animal no sea de la raza que afirma el vendedor.

La protección que recibe el consumidor en el caso específico de adquisición de animales domésticos va más allá de la relación que pueda tener con el vendedor, pues las mascotas se pueden enfermar o requerir múltiples servicios, así, en el hipotético supuesto que un consumidor lleve a su mascota a una clínica veterinaria para curar determinado problema de salud, estamos en presencia de un servicio que debe ser prestado de forma idónea y, por ende, de no ser así, el consumidor dueño del animal perfectamente puede reclamar.

Con el ánimo de ilustrar un poco la situación, en Chile se multó a una clínica veterinaria por no haber actuado de forma diligente en el cuido de una mascota. Resulta que el consumidor la internó en vista que presentaba varios problemas gastrointestinales, sin embargo, al día siguiente recibió una llamada en la se le explicó que su mascota había fallecido, y en este caso se demostró que efectivamente la clínica había actuado de forma negligente, razón por la cual se le condenó al pago de daños y a una multa.

Lo anterior simplemente confirma que los consumidores tienen derecho a recibir de forma idónea el servicio por el que se pagó en condiciones de calidad y seguridad. Asimismo, la ley es un instrumento que le debería proteger ante proveedores de animales enfermos o de distinta raza a la ofrecida, aunque es difícil hacer valer los preceptos de la ley cuando no se tiene claridad a quien se compró por tratarse de comercio informal.