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  • AFP

El gobierno de Costa Rica rompió este martes el diálogo que mantenía con la dirigencia de los trabajadores portuarios, en huelga desde hace siete días, mientras la caribeña ciudad de Limón era sacudida por protestas laborales y disturbios callejeros.

El ministro de Trabajo, Víctor Morales, anunció la suspensión de un encuentro con la cúpula del Sindicato de Trabajadores Japdeva (portuarios), programado para el miércoles, luego de que algunos de sus dirigentes participaran en la quema de fotografías del presidente Luis Guillermo Solís y varios de sus ministros.

"La quema de fotografías del señor presidente de la República y de sus ministros, así como las amenazas públicas en medios de comunicación, son actos repudiables que no pueden ser tolerados por un pueblo que ama la democracia y aspira a la paz social duradera", expresó Morales en un comunicado.

El ministro exigió a los sindicalistas una disculpa pública como condición para reanudar el diálogo.

Mientras tanto, decenas de camiones de carga y automóviles livianos participaron en una marcha lenta y entorpecieron el tránsito en la carretera que une la capital con el puerto de Limón, 170 km al este, y grupos de manifestantes tomaron las calles de la ciudad portuaria.

Barricadas

La noche del lunes, grupos de vecinos en barrios de Limón levantaron barricadas y encendieron fogatas en las calles, obligando a la intervención de la policía.

Los muelles, que fueron intervenidos por el gobierno desde el jueves de la semana anterior, se mantienen activos aunque trabajando con más lentitud y bajo absoluto control de la Policía.

Demanda

Los trabajadores demandan al gobierno que rechace una de las cláusulas de un contrato firmado por la anterior administración, de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014), con la empresa transnacional APM Terminals para la construcción de una nueva terminal portuaria.

Dicha cláusula, conocida como la 9.1, otorga a APMT el monopolio de los servicios de carga y descarga de mercadería en Limón, por donde se concreta más del 80% de todo el comercio exterior del país.

Esta exclusividad deja fuera del principal negocio a la Junta Administradora y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), empresa estatal que ha manejado el puerto desde la década de 1960.

Los trabajadores aseguran que unos 600 trabajadores de la provincia, una de las más pobres y postergadas del país, quedarán sin empleo y que las tarifas de servicios portuarios se elevarán hasta en un 300%.

El gobierno del presidente Solís ha ofrecido a la provincia, como compensación, realizar inversiones por unos 800 millones de dólares para fortalecer el turismo y mejorar las condiciones de vida de la población.