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Cuando se habla del principio de legalidad, se refiere a que las actuaciones tanto de los particulares como de las instituciones de la Administración Pública deben estar en el marco de las leyes; sin embargo, opera de manera distinta para cada uno de ellos.

Por una parte, el principio de legalidad aplicado a los particulares funciona como una vinculación negativa a ley, es decir, que el ciudadano puede hacer cualquier cosa que no esté prohibido por una ley. El artículo 32 de nuestra Constitución Política reza: "Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que la ley no prohíbe".

En el caso de la legalidad de las actuaciones de las instituciones del Estado, funciona diferente. Existe una vinculación positiva respecto a la ley, que significa que estas solo pueden hacer lo que la ley les permite, y debe existir una norma que habilite determinada facultad. En este sentido, el artículo 130 de nuestra Carta Fundamental dispone: "Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes. Todo funcionario público actuará en estricto respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad".

Planteado este panorama, las instituciones que tienen competencia para administrar la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, están sometidas al principio de legalidad y todas sus actuaciones deben tener como soporte el cuerpo jurídico mencionado. No obstante, la situación no funciona exactamente así: estos órganos competentes que velan por los intereses del consumidor no solo aplican la ley, sino reglamentos y normativas específicas de rango inferior a la ley. En consecuencia, cada uno de ellos no debería significar una transgresión a la misma.

Un consumidor o usuario, al momento de presentar su reclamo, primero debe investigar cuál es el ente regulador al que debe de acudir. Posteriormente, cerciorarse cuál es la norma específica que debe estudiar para analizar su problema y, en tercer lugar, debe confrontar esa norma con la Ley 842 y la Constitución; en definitiva, cuando se va a iniciar un proceso de reclamo es indispensable observar detalladamente los pasos de la contraparte y de quien actúa aplicando la ley y la norma.

Ahora bien, no se puede caer en el error de pensar que las normas deben ser idénticas a la ley, pues no existiría razón para dictarlas. La Ley 842 dispone que los entes reguladores actuarán como autoridades específicas para aplicar la ley en su sector respectivo, sin perjuicio de las regulaciones particulares que sobre la protección a las personas consumidoras estipulen las leyes del sector, y que cada ente regulador debe adecuar o crear sus respectivas normativas.