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Uno de los puntos de discusión en el marco de las leyes de protección al consumidor a nivel mundial es determinar si el empresario puede ser protegido como consumidor y en qué casos procede. En su momento, la Ley 182, Ley defensa de los consumidores, dejó abierta la posibilidad en vista que decía que el consumidor podía ser cualquier persona natural o jurídica, de la misma manera, la actual Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, Ley 842, plantea la misma posibilidad e interrogante.

Para determinar si un empresario puede ser sujeto de amparo de cualquier ley de protección al consumidor, se deben analizar dos elementos: 1) Que contrate en condiciones de desigualdad informativa; y 2) Que lo haga como destinatario final. Normalmente esas son las dos circunstancias que se valoran, sin embargo, en línea general, la Ley 842 se decanta por el criterio de destinario final, es decir, que lo adquirido sea destinado para la satisfacción de necesidades de la empresa, no obstante, sin insertarlos en su proceso productivo o que no sea adquirido directamente para ofrecer un servicio a terceros.

En este particular, es indispensable apuntar que la Ley 842 no destaca que para ser considerado como consumidor, la adquisición se haga como destinario final para satisfacer necesidades domésticas, personales o familiares, y es precisamente por eso que se puede presumir que se deja la puerta abierta para que el empresario pueda ser calificado como consumidor según lo dispuesto por la Ley 842.

La Ley de Argentina ofrece la siguiente definición de consumidor: “Persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”. En este caso si se aclara que la adquisición debe ser en beneficio propio, familiar o social, se descarta el consumo empresarial.

En Costa Rica se le brinda protección a los pequeños empresarios, la Ley dice lo siguiente: “También se considera consumidor al pequeño industrial o artesano —en los términos definidos en el reglamento de esta ley— que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros”. En este sentido, la Ley de Costa Rica define un régimen especial de protección para el pequeño empresario, no importando que la compra la haga pensado en sus procesos de producción, transformación o comercialización, este planteamiento dista mucho de la protección que ofrece la Ley 842 a los microempresarios, en vista de que estos para tal fin deben contratar fuera de su giro empresarial.

En México, también se le brinda protección al empresario dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, siempre que lo reclamado no exceda un monto establecido.

Después de hacer un breve recorrido por distintos ordenamientos jurídicos, es innegable que el empresario en algunas circunstancias que deben estar determinadas en la Ley, puede ser sujeto de protección tal como si fuera un consumidor.