•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

El sistema de protección al consumidor es un régimen especial, por eso es de vital importancia que las leyes y las normas que se aplacarán tengan como espíritu proteger a la parte más débil, por ende, al comparar la Ley 842, Ley de Protección al Consumidor con regulaciones de otros cuerpos jurídicos tales como el Código Civil de la República de Nicaragua y el Código de Comercio, lo más probable es que a pesar de algunas semejanzas, se encuentren grandes diferencias.

Un buen ejemplo de las diferencias entre la Ley 842 y el Código Civil es el hecho que uno de los principios fundamentales de este último es el de libertad, conocido como autonomía de la voluntad o autonomía privada, que en términos generales se traduce como la facultad que tienen las partes para negociar las condiciones que posteriormente pueden ser aceptadas. Ahora bien, en el marco de las relaciones de consumo no se puede aplicar la autonomía, pues el consumidor solamente acepta las condiciones establecidas por el proveedor, normalmente no negocia las condiciones.

En consecuencia, algunas disposiciones del Código Civil respecto al tratamiento que se le da al tema específico de los defectos ocultos en los bienes dista mucho de lo establecido en la Ley 842, lógicamente porque al crear el código se pensó en relaciones entre particulares en supuestas condiciones de igualdad a diferencia del régimen de protección al consumidor.

El Código Civil dispone que las partes pueden restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios redhibitorios, una cláusula con ese contenido en un contrato por adhesión de consumo sería inaceptable, tratándose de la adquisición de productos nuevos el proveedor está obligado a garantizar el buen funcionamiento del bien y no puede procurar que el consumidor renuncie a ello, pues precisamente la Ley 842 es de orden público e interés social y los derechos que confiere son irrenunciables.

Otra disposición del Código Civil de difícil aplicación en las relaciones de consumo es la que establece que incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición; y no probándolo, se juzga que el vicio sobrevino después. En realidad en materia de consumo, en principio, cuando se adquiere un bien nuevo debe estar libre de defectos, y si llegare a presentar defectos durante el período de garantía estos se presumen como defectos originarios, es decir, existentes al momento de la compra del bien, y es al proveedor como profesional y experto en relación al bien que comercializa que le corresponde probar que se trata de un defecto sobrevenido por el uso indebido.

De todas formas, concluir que se trata de defectos sobrevenidos por el uso normal del bien, no exime al proveedor de la obligación que tiene de responder por la garantía otorgada, es decir, siempre tiene que procurar el buen estado del bien, salvo se trate de uso negligente por parte del consumidor.

En conclusión, aplicar los preceptos establecidos en el Código Civil desnaturalizaría el espíritu del régimen de protección al consumidor, pues este es especial y con una clara intención de amparar a la parte débil de la relación.