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¿Cuánto puede costar la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos? Las 5,913 empresas estadounidenses que mantienen una demanda oficial contra las expropiaciones tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 manejan una cifra: más de 7,000 millones de dólares (5,800 millones de euros). Es lo que calculan --con intereses-- que les ha costado hasta la fecha las incautaciones. Fue precisamente la nacionalización sin compensación de bienes de empresas estadounidenses lo que detonó el embargo norteamericano a Cuba. Una sanción que dura ya más de 50 años y que el proceso de normalización de relaciones anunciado por el presidente Barack Obama no elimina por completo. Al haber sido transformada en ley en 1996 --el Acta Libertad o Ley Helms-Burton--, ese paso depende solo del Congreso. Pero Cuba replica con otra cifra más aplastante: la de los más de US$100,000 millones que afirma que le ha costado el ‘bloqueo’, como lo denomina La Habana. Entre las dudas por resolver tras el anuncio del restablecimiento de relaciones con la isla, la reclamación de propiedades es uno de los temas que podrían causar más quebraderos de cabeza.

‘No está claro todavía qué efecto van a tener estos cambios (de la política de EE.UU. hacia Cuba) en el estatus de las reclamaciones’, reconoce la Comisión para la Certificación de Demandas en el Extranjero del Departamento de Justicia norteamericano, que es la que avala el reclamo de las casi 6,000 entidades estadounidenses.

LOS ABOGADOS

El bufete de abogados especializado en este tema Poblete Tamargo emitió una ‘alerta a clientes’ la semana pasada indicando que este asunto podría empezar a ser discutido en las conversaciones migratorias en La Habana a finales de enero, que será el primer contacto bilateral de alto nivel desde el anuncio del deshielo.

Una portavoz del Departamento de Estado dijo que, aunque esta cuestión ‘sigue siendo una prioridad para el gobierno’ estadounidense, por el momento no se puede delinear un ‘calendario específico’ sobre cuándo empezará a ser debatido.

Tampoco es un tema tan urgente, según varios expertos. ‘No es inmediato, no creo que sea ni remotamente una precondición ni una piedra en el camino’, afirma el abogado estadounidense de origen cubano Pedro Freyre, especializado en inversiones en América Latina y en el embargo a Cuba. Otra cosa será cuando se empiece a analizar seriamente cómo desmontar el embargo a la isla. Y ahí sí podría convertirse este tema en un arma política, reconoce Freyre. Porque la Ley Helms-Burton establece como ‘condición esencial’ para la ‘completa’ reanudación de las relaciones diplomáticas y económicas entre EE.UU. y Cuba que se logre una ‘solución satisfactoria’ de este asunto.

Un mecanismo

Con todo, a Freyre no le inquieta esta negociación pendiente. ‘Cuando Cuba empezó a hablar con EE.UU. seguro que todo el mundo tenía entendido que en algún momento habrá que sentarse a conversar el tema’, apunta. Muestra de ello es el estudio que el Gobierno de EE.UU. encargó en 2005, cuando aún gobernaba el republicano George W. Bush, a la Universidad de Nebraska para buscar un ‘mecanismo’ que permita resolver las reclamaciones de propiedades bilaterales.

La universidad propuso la creación mediante tratado u orden presidencial de un ‘tribunal bilateral’ que actúe como árbitro y resuelva formas diversas de compensación, desde la vía monetaria para las demandas más bajas a, en el caso de reclamaciones más altas y difíciles de asumir por Cuba, ‘alternativas’ como garantizar beneficios fiscales u otros incentivos de inversión.

Es lo que Freyre denomina ‘soluciones creativas’ y que, en el caso de Cuba, ve como la alternativa más plausible. De un lado porque, según recuerda, ‘Cuba no es Kuwait’: no tiene una gran reserva de dinero que le permita asumir una compensación multimillonaria. ‘Si de un dólar te llevas cinco centavos, te podrás considerar afortunado’, advierte.

Por otro lado, quizás lo más crucial para buena parte de las grandes compañías con reclamos --como Coca-Cola, Colgate-Palmolive o las petroleras Exxon y Texaco--, podría resultarles mucho más ventajoso en el futuro negociar un arreglo que les permita invertir de nuevo en el mercado cubano, en el que muchos ven grandes posibilidades.

 

Compensaciones en efectivo y en especie

ACUERDOS• Las estadounidenses no fueron las únicas empresas que vieron cómo tras la subida al poder de Fidel Castro el 1 de enero de 1959, se procedía a expropiar y nacionalizar sus intereses en Cuba sin compensación alguna.

Aunque en menor escala, también entidades españolas, canadienses o francesas sufrieron el mismo destino. Sus gobiernos, sin embargo, alcanzaron hace años un acuerdo compensatorio, algo que Washington y La Habana tienen todavía pendiente negociar, como parte del proceso para acabar, algún día, con el embargo. En las últimas décadas, Cuba cerró acuerdos compensatorios con países como España, Canadá, Francia, Reino Unido y Suiza.

Fueron sumas globales, bajo los denominados acuerdos ‘lump sum’ o montos pagados de una sola vez y de forma colectiva al Estado, no a título individual a cada una de las empresas con reclamos. Los pagos además fueron realizados a plazos y, parte de ellos al menos, en especie.

Así fue en el caso de España. El acuerdo, cerrado en marzo de 1988, acordaba una compensación por un total de 5,416 millones de pesetas (32.5 millones de euros) ‘como liquidación y finiquito por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española afectadas’, según el convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de marzo de 1988. Buena parte de la compensación --3.600 millones de pesetas-- no fue en efectivo, sino ‘en especie’. El resto del dinero fue pagado mediante plazos semestrales.